Desde la declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo, las miradas del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género se han fijado en las consecuencias que esto podría tener sobre uno de los colectivos más vulnerables: las mujeres maltratadas. La jueza de Violencia sobre la mujer del juzgado número 3 de Sevilla que preside este órgano, dependiente del Consejo General del Poder Judicial, nos cuenta cómo está siendo el confinamiento que ha elevado los casos de acoso en redes sociales.

¿Cómo está afectando el período de confinamiento en el caso de las mujeres maltratadas?

Desde los juzgados, desde donde estamos a pie de lucha, observamos que al principio del confinamiento bajó el número de denuncias, pero en las últimas semanas hemos visto cómo los servicios de guardia han ido incrementando las denuncias más o menos como estaban antes de la pandemia.

¿Y ahora mismo?

Hemos observado un aumento de llamadas al 016. Estamos preocupados porque entendemos que la inmensa mayoría de los hechos delictivos, tal y como hemos visto en los estudios, ocurren en la intimidad familiar, y el hecho de que las mujeres tengan que estar confinadas con su maltratador eleva el riesgo de que sufra delitos más graves.

¿En qué consisten esas llamadas?

Están llamando para pedir información y pedir ayuda las que están teniendo un riesgo más alto. También están teniendo más dificultades para poder denunciar. Ahora no es tan fácil salir y pedir ayuda. También sabemos que los hijos y menores que están conviviendo están sufriendo y, por eso, hacemos un llamamiento a todas las mujeres para que sepan que todos los servicios siguen activos, tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como los órganos judiciales, como los servicios asistenciales. Siguen estando las casas de acogida y los recursos para las mujeres que lo necesiten.

Al principio del confinamiento hubo muchas dudas sobre cómo iban a funcionar los regímenes de visitas, etc, pero luego llamaban para pedir ayuda e información. Por eso, la delegación del Gobierno de Violencia de Género ha puesto en marcha algunos recursos muy interesantes para facilitar a las mujeres el acceso a la denuncia y a una ayuda asistencial, incluso de tipo psicológico, que a veces necesitan antes de acudir a la Policía.

Antes se pedía la colaboración de los más allegados, familia y amigos. Ahora se está reclamando esa implicación a los vecinos.

Son los que están cerca de estas mujeres. Hacemos un llamamiento a los vecinos para que cuando vean u oigan que puede haber una situación de violencia llamen a la Policía. Toda la sociedad tiene que estar implicada y tenemos la obligación de denunciar estos delitos que son atentados contra los Derechos Humanos.

¿Ha variado el perfil de la mujer maltratada o el tipo de delito con este confinamiento?

Está bajando el número de quebrantamiento en las órdenes de protección. Con el confinamiento es más difícil que se acerquen a las mujeres, y, en este sentido, sí que han bajado las incidencias en las pulseras, los dispositivos electrónicos. Pero estamos viendo un incremento de denuncias de parejas que conviven. 

En exparejas o novios está descendiendo la violencia física, aunque continúa la psicológica. Ahora estamos viendo acoso, amenazas o insultos a través de las redes sociales o WhatsApp, no tanto presencial como antes. La violencia se sigue ejerciendo, no de forma tan directa, pero es un caldo de cultivo, sobre todo en adolescentes, de generar situaciones de acoso y control que ahora se está incrementando. En edad, nacionalidad o nivel socioeconómico no ha variado el perfil.

¿Ha cambiado la forma de actuar de los órganos judiciales?

Es importante para nosotros que no haya una doble victimización para las mujeres que denuncian, y que los procedimientos se mantengan y continúen los protocolos de seguridad para que acudan al órgano judicial, no se contagien, y tengan todas las garantías para poder mantener las entrevistas sin necesidad de poner en riesgo su salud.

Se están arbitrando sistemas de videoconferencia o mantener distancias de seguridad con todas las garantías. En muchas provincias se están haciendo las declaraciones de los detenidos por videoconferencia para evitar que se crucen en la sede judicial, así la mujer puede estar más tranquila porque no habrá contacto con el investigado.

¿Han notado que haya habido un frenazo en la lucha contra la violencia de género con esta situación?

En lo que se refiere a la concienciación social, no. Toda la sociedad está cada vez más concienciada y rechaza estas conductas. España es un país que está a la vanguardia mundial en la protección de la víctima, con una legislación integral.

¿Es adecuada la legislación?

La legislación es muy avanzada. Está siendo imitada por países de nuestro entorno, países europeos. Estamos cumpliendo los tratados y compromisos internacionales como el Convenio de Estambul. El Pacto de Estado es el paso definitivo. Sin embargo, es verdad que ese acuerdo necesita reformas legislativas y de leyes que necesitan una mayoría cualificada en el Congreso de los Diputados.

Se han hecho muchos avances y se han implementado muchas medidas de ese Pacto de Estado, pero ahora con esta situación de alarma, esas iniciativas van a tardar un poco más porque necesitan reformas legislativas. Es un momento complicado. Pero ahora estamos convencidos de que es prioritario para todas las administraciones la lucha contra la violencia machista. España debe seguir a la vanguardia en este tema.

Nos queda mucho por hacer, el Pacto de Estado contiene una previsión temporal de cinco años, porque es un acuerdo ambicioso; y una previsión económica de 1.000 millones de euros, que estoy segura que se irá aumentando en los próximos años, pero que, sin duda, genera confianza en la disposición de la Administración para ponerlas en marcha. Además, hay distintos niveles de la Administración, como las comunidades autónomas, con competencias en esta materia que también necesitarán recursos.

Ha comentado que habrá reformas que necesiten de una mayoría cualificada en el Congreso. ¿Qué le parece que haya grupos que rechacen la violencia machista, y hablen de violencia intrafamiliar?

Desde el Observatorio siempre hemos intentado explicar muy bien estos conceptos. Nuestra legislación aprecia una diferenciación en los hechos delictivos. La violencia machista es la que se ejerce sobre la mujer por el hecho de ser mujer, y la violencia doméstica o intrafamiliar es la que se ejerce en el resto de los miembros de la unidad familiar. Está igualmente penada, pero el Tribunal Constitucional ya ha determinado que esta forma de abordar la violencia machista es plenamente constitucional y es acorde con los tratados internacionales.

Negar que existe violencia de género es desconocer la realidad de la sociedad. En España hay 103 juzgados exclusivos instruyendo este tipo de asuntos; además de otros 355 juzgados no exclusivos; y más de 150.000 denuncias al año de mujeres. Eso es imposible negarlo.

Siempre se ha hablado de la importancia de la formación de los que trabajan en esta área de violencia de género. ¿Va a cambiar algo después de esta crisis en ese sentido?

Habrá una especialidad propia de magistrados especialistas exclusivamente en violencia contra la mujer. Esto será un avance enorme porque igual que los hay especializados en mercantil y otros, los habrá especializados en violencia contra la mujer. Ese plan de formación lo tenemos muy avanzado. También estamos poniendo en marcha los cursos en perspectiva de género para todas las especialidades que está teniendo mucho éxito, con más de mil peticiones para recibirlo.

Sin embargo, con esta crisis van a cambiar muchas cosas en la justicia en general. Se va a incrementar el teletrabajo para que los procedimientos y los juicios vayan más rápido. Se intentarán poner medios para no victimizar a la mujer. Que no tenga que ir al juzgado tres o cuatro veces para tomar declaración, le vea el médico forense, etc. y evitar que se tengan que desplazar.

Y evitar que se acaben echando atrás

Eso es lo que más nos preocupa, y es una de las asignaturas pendientes que tenemos para poner en marcha el Pacto de Estado: cómo proceder para que no se acojan al derecho a no declarar y que el procedimiento siga adelante. El maltratador se ocupa de buscar su impunidad y muchas veces la propia declaración de la víctima es la única prueba de cargo. Por eso, es tan importante que la mujer se sienta segura y declare. Lo tenemos que hacer muy bien las instituciones para que la mujer confíe en nosotros y siga adelante, porque no queremos que haya impunidad con estos delitos.

Sí creo que va a haber un cambio. Se va a tratar de hacer de manera telemática muchos trámites para no victimizar, o que los menores puedan declarar en los espacios que exige la ley. Nos va a ayudar en la modernización y digitalización de la justicia en general.

¿Ve cercano el objetivo ‘violencia cero’ que se marcó cuando llegó al cargo en 2014? ¿Es posible?

Sin ninguna duda. Y ojalá esté cerca. Nuestro objetivo para todos los que trabajamos en esta materia es llegar a las víctimas cero. Reducir al máximo el número, sobre todo de mujeres asesinadas. De 2014 hasta ahora estamos viendo mucha más conciencia social, hemos visto gente saliendo a la calle pidiendo que se acaben los ataques machistas y lo estamos viendo en las resoluciones de los órganos judiciales cómo ha ido avanzando esa perspectiva de género.

¿Estamos cerca? Sin duda, pero queda mucho por delante y lo que no podemos hacer es bajar la guardia, hay que seguir persistiendo y trabajando de la manera en que lo estamos haciendo en España, que es un país imitado y premiado.