En agosto de 2008, la madre y la hermana de una mujer de origen rumano que perdió la vida en un terrible accidente de tráfico en Madrid no podían ni imaginar que a la tragedia de la pérdida se iba a sumar una presunta estafa. Ambas otorgaron a la pareja de su ser querido la potestad para tramitar el cobro de una indemnización que pagaría el seguro del vehículo con el que chocaron sin sospechar que en algún momento les dejaría de coger el teléfono y desaparecería del mapa con el dinero. Ahora, la Audiencia Provincial juzgará estos hechos el próximo mes de diciembre. Su letrado solicita una pena de cinco años de cárcel y el Ministerio Fiscal de tres y dieciocho meses.  

La colisión mortal tuvo lugar en la localidad madrileña de Torrelaguna el 1 de agosto de 2008. En uno de los vehículos viajaban el acusado, A.M., y su pareja, A.B., quien no pudo superar las heridas que sufrió en el siniestro y falleció quince días después. La madre y la hermana de la víctima, que guardaban muy buena relación con su novio, le encargaron la tarea de iniciar las acciones legales pertinentes encaminadas al cobro de indemnizaciones por su muerte, toda vez que ambas residían en Rumanía y el procesado en España. 

Según el escrito del Ministerio Fiscal, que coincide con el de la Acusación Particular, en septiembre de 2009 las denunciantes otorgaron a A.M. un poder especial con la finalidad de gestionar la parte administrativa del asunto de la joven fallecida y, asimismo, poder cobrar una posible indemnización. Un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar el accidente de tráfico y no sería hasta 2014 cuando resolvió en favor de la familia de la víctima. 

Las partes llegaron a un acuerdo para que la compañía aseguradora del otro conductor abonara una indemnización de 75.916,23 euros, cantidad que cobró íntegramente el acusado días más tarde. Se daba la circunstancia de que éste había dejado de contestar a los requerimientos de su cuñada y su suegra meses antes para que les ingresara el dinero. De hecho, a día de hoy las dos familiares de la joven fallecida aún no han visto un euro de aquel pago acordado en un tribunal. 

Sin embargo, la defensa de A.M. niega que se haya quedado con el dinero de la indemnización y también que haya dejado de contestar las llamadas y mensajes de la madre y la hermana de su novia. Según el escrito de su abogado, en reiteradas ocasiones ha instado a la parte contraria a realizar una liquidación de lo que cobró en 2014, pues considera que de esos casi 76.000 euros hay que restar una cantidad importante por los gastos que supusieron, por ejemplo, el embalsamamiento y el traslado del cadáver a su país de origen. «Mi representado no tiene la intención de apropiarse de esa cantidad. Lo que ocurre es que falta de efectuar una detracción, mientras que la otra parte quiere la entrega total», sostiene su letrado.

La Fiscalía y la Acusación Particular le acusan de un delito de apropiación indebida y, además de las penas de prisión, solicitan que devuelva los 75.916,23 euros de la indemnización más intereses. La vista se celebrará el 2 de diciembre en la Audiencia Provincial.