Diario de Burgos

Las tesis de la defensa del autor del disparo al escayolista

O.C.
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El informe médico forense duda de la intencionalidad y no descarta que fuese por un gesto «instintivo». Además alegan que David D.J. actuó «fuera de control» por el efecto de la droga y que tiene un grado de minusvalía del 65%

Imagen de la actuación policial en la que se detuvo al autor del disparo y a seis de sus familiares. - Foto: Raúl Canales

La muerte del mirandés Fernando Martín todavía tiene puntos por descubrir. Para hacer justicia hay que esperar al juicio, cuya celebración todavía no tiene fecha pero se sabe que un jurado popular determinará qué papel jugó cada uno de los tres varones que todavía están bajo sospecha. El autor material del tiro que costó la vida del escayolista fue David D.J. Su defensa tratará de demostrar en el proceso que «no fue un asesinato, sino un disparo fortuito», explica la letrada Judith Gómez, del bufete Vox Legis Abogados.
La intencionalidad será uno de los puntos a determinar en el juicio. Para sostener esta posición, la abogada incide en que el informe médico forense apunta que «las características del disparo permiten dudar de que su intención directa e inmediata fuera la de matar», ya que el orificio de la bala estaba en una posición «atípica». Por esto, el forense cuestiona la voluntad ya que si el arma se hubiese utilizado con una intención letal «esperaríamos encontrar lesiones en zonas más vitales». En cualquier caso, el disparo fue mortal porque Martín estuvo agonizando, sin recibir auxilio de ninguno de los implicados.
El informe prosigue que la hipótesis de que el disparo «tuviera una intención de amedrentar a la víctima» tampoco está clara, puesto que habría «maniobras previas menos lesivas como múltiples contusiones, por ejemplo». En este sentido, hay que recordar que la premisa con la que trabajó la investigación fue que la discusión que terminó con el fatal desenlace se originó por la custodia de droga. De hecho, el autor material del disparo y seis familiares suyos también fueron detenidos en el marco de una operación antidroga en la que estaban implicadas 23 personas de todo el país.
En base a las dudas sobre la intencionalidad de la detonación y al no encontrar evidencias de que la idea fuese amedrentar a la víctima, la autopsia concluye que «no descartamos por ello que se trate de un disparo instintivo para parar a la víctima en una reacción de huida de ésta». Probar que fue fortuito será un objetivo de la defensa para que su cliente no sea condenado por asesinato, cargo al que se enfrenta y al que hay que sumar el de tenencia ilícita de armas.
Gómez también pone sobre la mesa el estado mental de David.En primer lugar su abogada revela que tiene un grado de discapacidad psíquica del 65% y la letrada añade que cuenta con una sentencia de incapacidad parcial del acusado para regir su persona y sus bienes. A este dato, también sumarán sus condiciones en el momento en el que se produjeron los hechos. «Se comprobará en el juicio», afirma la abogada, que declara que  estaba «fuera de control» por el consumo de drogas y manifiesta que es algo que se percibe en las grabaciones, en las que «no se le entiende».
En la versión policial también se hizo referencia a los pinchazos telefónicos, que permitieron esclarecer el móvil de la muerte de Martín. «Usaban un lenguaje codificado para dificultar que lo entendiéramos», aclararon los investigadores. Por último, Gómez ensalza la actitud que ha tenido su cliente en «colaborar en todo lo que sabía». 
Al margen de la situación del autor material del disparo, siguen dentro del proceso los otros dos acusados de estar implicados en este suceso. Son C.S.A. y J.G.C. A  ellos se les detuvo meses después y fueron los que supuestamente llevaron el cadáver de Martín para hacerlo desaparecer en el río Ebro a su paso por Montañana. 
Junto a estas dos personas, David D.J. permanece dentro del procedimiento y en prisión. Su detención se produjo el 24 de mayo, cuando había pasado casi un mes de la muerte de Martín. En la redada, la policía también detuvo a los padres del autor material, su mujer, dos de sus hermanos  y la esposa de una de ellos. Todos ellos han quedado por  libre de cargos, aunque ante esta decisión se puede recurrir ante la Audiencia Provincial.