Los indultos a los dirigentes del ‘procés’ encarcelados por sedición están cada vez más cerca, según la vicepresidenta del Gobierno junto a las explicaciones que dará el jefe del Ejecutivo una vez que estén aprobados. Para entonces estaría bien que el PP y la ultraderecha ya se hubiera aclarado, y metido en un cajón la polémica ficticia sobre la firma de Felipe VI estampada al pie de los decretos.
Cuando se comenzó a hablar de los indultos, desde algunas terminales políticas y mediáticas se trajo a colación el papelón que iba a desempeñar Felipe VI al indultar a aquellos que habían tratado de acabar con la unidad de España y ponían en cuestión su figura y su función. Pero, con la misma rapidez, se dieron cuenta del desafuero que cometían, de que se situaban al margen de la propia Constitución y de todo aquello que determina sobre las funciones de una monarquía parlamentaria, además del flaco favor que hacían al rey al tratar de defenderle. Por ese motivo, tan rápidamente como se inició la polémica se diluyó al reconocer la inevitabilidad de la firma del monarca hasta que…., hasta que la revivía el asunto la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a contramano de su propio partido y como buena populista, apelando a los sentimientos en lugar de a la razón política, que aunque no le guste, tiene tasada la actuación del rey.
La alternativa a que no aparezca la firma del rey en los indultos, cuyo efecto en el seno del independentismo catalán ya han comenzado a dejarse sentir, la ha aportado el portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, sugiriendo su abdicación. Ya les gustaría que de un trámite administrativo se derivara una consecuencia política semejante. Hasta el momento, Felipe VI ha tenido un comportamiento institucional modélico, incluido el discurso del 3-O de 201, en respuesta al referéndum ilegal de dos días antes, y aún así no hay unanimidad sobre esa intervención forzada por los sucesivos errores del gobierno de Mariano Rajoy que permitieron el simulacro de los independentistas, no reconocido por nadie salvo por ellos.
Eso, por no hacer referencia a las veces que el rey actual y su padre han estampado sus firmas al pie de leyes contra las que los partidos conservadores han ocupado las calles en protestas multitudinarias, desde las leyes educativas a la reciente ley de la eutanasia, que entra en vigor el próximo 25 de junio, sancionada por Felipe VI, y sobre la cual a nadie se le ha ocurrido criticar al rey, que es católico practicante.
Díaz Ayuso no duda en poner en un brete al rey –con amigos así no hace falta tener enemigos, han debido pensar en La Zarzuela- y tampoco al presidente de su partido, que fijó la posición del PP el lunes –“el único responsable de los indultos es Pedro Sánchez”- que parecía que obligaba a rectificar a la presidenta madrileña, quien había estropeado el efecto de la concentración de la plaza de Colón, pero que al día siguiente volvía a la carga con la teoría de que Sánchez pretendía hacer cómplice al rey de los indultos, y daba un paso más allá al afirmar que Pablo Casado compartía su opinión. O sea, que lo que en principio podría atribuirse a su carácter de 'verso suelto', de lo que hay sobradas muestras, se ha convertido en una perseverancia en el error y en comprometer a su jefe.