El Ministerio de Defensa no acierta en sus procedimientos de enajenación de inmuebles y solares. Las ventas de los terrenos de Artillería -donde se van a edificar cerca de 350 viviendas- y del párking subterráneo que posee en Villa Pilar terminaron en los tribunales. Y esa misma suerte ha corrido otra parcela, la de la antigua comandancia de obras en la Puebla, que permitirá unir esta calle con San Lesmes. La empresa Tuk Tour Burgos concurrió al proceso de venta directa y ha presentado un recurso en el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo después de que el Instituto de Vivienda e Infraestructura de Defensa (Invied) le negara la adjudicación del solar, a pesar de haber presentado una oferta «bastante superior» al precio de salida, cifrado en 1,2 millones de euros, según las fuentes consultadas por este periódico.
Ese es el resumen, pero para entender bien cómo ha terminado el asunto en la Justicia hay que retroceder en el tiempo un año y medio. En septiembre de 2019 el Invied decide sacar a subasta los 1.500 metros cuadrados de terreno pertenecientes a Defensa (un 90%) y a varios propietarios privados (el 10%). El precio de salida -1,36 millones de euros- y la existencia de un contencioso (no judicial) entre el Ministerio y el resto de dueños que impedía ‘liberar’ la parcela hizo que la puja quedara desierta. Nadie luchó por ella.
Tras quedar desierta, se abrió automáticamente un plazo de un año en que salió a venta directa, tal como establece la Ley de Patrimonio de la Administración Pública. Es decir, que los interesados tenían 12 meses para presentar sus ofertas al Invied. Y las hubo, tres en concreto. Primero concurrieron dos empresas y, después, una tercera, una sociedad de capital burgalés, a la que Defensa dejó fuera de la terna con el argumento de que no había llegado a tiempo, que había transcurrido ya un año desde la fecha en que salió a adjudicación directa.
La empresa no se rindió y presentó un recurso de reposición al propio Invied en el que alegaba que durante la pandemia los plazos para la presentación de ofertas estuvieron paralizados durante 78 días, de tal modo que sí habían llegado a tiempo. Defensa les dio la razón, pero al mismo tiempo informó -y a las otras empresas que habían concurrido, también- de que se decantaban de nuevo por la salida a subasta del solar, como así ocurrió el pasado 19 de abril, cuando el BOE publicó que el precio de salida era de 1,23 millones de euros y que el plazo de presentación de ofertas expira el 17 de mayo, es decir, el próximo lunes. La misma sociedad presenta un recurso de reposición contra esta decisión, pero la puja sigue adelante, de modo que el caso ‘ha terminado’ con la presentación de un recurso en el Tribunal Central de lo Contencioso Administrativo.
Aún es pronto, lógicamente, para aventurarse acerca de si la sentencia favorecerá a Defensa o a la empresa, pero lo que es seguro es que sobre la parcela deberá colgar el cartel de litigioso, lo que en principio podría restarle bastante atractivo y enfangar el proceso de venta, en el que tan interesado ha estado el Invied y también el Ayuntamiento, deseoso, de una vez por todas, de urbanizar esa zona del centro de Burgos y unir las calles de La Puebla y San Lesmes.
En los próximos días se sabrá si han concurrido empresas a esta subasta y, en ese caso, por cuál se decantará el Invied. Pero una cosa debe quedar clara: al ser un solar litigioso es posible que el adjudicataria decaiga en su derecho si la Justicia da la razón al reclamante.
Otros casos en Burgos. No es la única parcela de Defensa cuya venta acaba en el barro judicial. Ya ocurrió con Artillería, aunque las sentencias dictadas hasta ahora están dando la razón a los intereses de la adjudicataria, Edificio Plata 3, que lleva muy avanzados los trabajos para levantar cerca de 350 viviendas. De hecho, a principios de 2022 está previsto que empiecen la urbanización y la edificación de los pisos.
Tampoco se ha librado de la misma suerte el garaje que el Ministerio intenta vender desde hace años, el situado entre la calle Vitoria y la avenida del Arlanzón. En este caso también fue uno de los ofertantes el que interpuso recurso ante la Justicia. Defensa lo sacaba a subasta por primera vez allá por el año 2013 por 4,28 millones. Ningún particular ni empresa ha realizado una oferta formal en este tiempo, por lo que el Ejército ha tenido que ir rebajando sus pretensiones económicas. Tanto es así que en 2019 bajó esa cantidad en 1,4 millones (quedándose, por tanto, en 2,8) por la falta de interés y ahora se ha vuelto a abrir el plazo para presentar ofertas con un precio aún más bajo (2,54 millones).