Una de las reivindicaciones en las que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León más ha insistido en los últimos años ha sido en la creación de un segundo Juzgado de Familia que atienda a las necesidades que actualmente tiene la provincia. Y es que, aunque el órgano actual funciona bastante rápido dadas las circunstancias y los pocos medios con los que cuenta, sigue teniendo una gran carga de trabajo, más aún si atendemos al hecho de que también se ocupa de Incapacidades en un territorio donde la población cada vez está más envejecida. La crisis de la covid-19 no ha hecho sino agravar la situación, no solo por la inactividad de estos meses, también porque se han generado una serie de realidades convertidas en la antesala de un aumento de los litigios, bien sean en forma de divorcios o en cambios en las condiciones de las pensiones y custodias. Por eso, el titular ha solicitado que un magistrado de apoyo asuma la mitad de los casos, una propuesta que ha sido trasladada al Consejo General del Poder Judicial.
El pasado 20 de mayo el juez de Familia envió al TSJ la propuesta, que fue debatida y aprobada en el seno de la Sala de Gobierno en la reunión del 1 de junio. El acuerdo recuerda que este juzgado poseía ya una medida de refuerzo, que consistía en la designación de una magistrada de apoyo sin relevación de funciones que se encargaba de un tercio de los asuntos que entraban en este órgano. Su trabajo ha sido un éxito, y así lo avala el propio titular. Sin embargo, se antoja aún insuficiente, más, si cabe, teniendo en cuenta la que se les avecina tras la pandemia. De hecho, el documento muestra cómo en el primer trimestre los procesos de divorcio, separaciones e incapacidades tienen algo más de pendencia que tras la finalización del pasado año. A esa carga de trabajo habría que sumarle la que entrará a partir de ahora. «Es patente el resultado beneficioso que la medida está teniendo desde su implantación, aunque se presenta como insuficiente ante las circunstancias actuales derivadas del estado de alarma y el impacto que causarán en esta jurisdicción», recoge el escrito.
A este respecto, recalca que «se prevén numerosos procedimientos nuevos, no sólo en materia de divorcios y separaciones, sino también en procesos de modificación de medidas, en especial relativas a regímenes de visitas y pensiones alimenticias». Los propios abogados especializados en estos temas advirtieron que se había producido un aumento de las consultas de clientes, lo que aventuraban, al menos, un repunte en los próximos meses.
De esta forma, la Sala de Gobierno del TSJ remitió al Poder Judicial una solicitud para que se «establezca un plan de refuerzo consistente en el nombramiento de una comisión de servicios con relevación de funciones (en exclusiva), que se haga cargo del 50% de los asuntos de nueva entrada y pendientes de señalamiento». Esta medida debería tener una duración mínima de un año. De manera subsidiaria, piden destinar un juez de Adscripción Territorial o un sustituto.
Mientras el acuerdo se hace efectivo, proponen renovar la comisión de servicios de la magistrada que se encuentra actualmente, y que finaliza a finales de junio, por otros seis meses. Las condiciones, eso sí, serían las mismas que hasta ahora: un 30% del trabajo del juzgado sin relevación de funciones. Todo ello sin perjuicio, añaden, de que sigue siendo necesaria la creación de un segundo órgano encargado de Familia.