El letrado de Juan Antonio Huidobro, exjefe de Medicina Interna del HUBU, ha presentado ante la Audiencia Provincial de Burgos un recurso contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 que le condenaba a cuatro años y cinco meses de prisión como autor de un delito de homicidio por imprudencia profesional grave y otro de lesiones en el caso de las sedaciones irregulares. En la instancia, alega una «indefensión» de su representado en las pruebas practicadas por los médicos forenses, pues considera que no se tuvieron en cuenta las patologías previas que padecían los dos pacientes que fallecieron. También considera que el fallo anterior vulnera su presunción de inocencia y el derecho a un proceso con todas las garantías, ya que achaca a la jueza un «prejuicio culpabilístico» hacia el doctor. 

Por un lado, el abogado considera nula la sentencia dictada contra Huidobro porque las pruebas periciales estaban «preconstituidas en el seno de las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal», siendo practicadas, añade, sin intervención de la defensa. Dichas pruebas, a juicio del letrado, omiten referencias a las patologías previas que sufrían dos pacientes que terminaron falleciendo tras el suministro de sedantes por parte del doctor ahora condenado. «Los informes están viciados de origen por su déficit de información preexistente», incide. 

Asimismo, considera que no se tuvieron en cuenta otros dos documentos firmados por sendos peritos. De hecho, el recurso se detiene en un momento de la vista oral que el defensor considera una «vulneración de las garantías» y alude a una «imparcialidad» de la jueza durante el interrogatorio de uno de los forenses, circunstancia por la que ya hizo constar su disconformidad durante el proceso. En la instancia vuelve a mencionarla y la considera un «prejuicio» en el que se «alinea con la posición procesal del Ministerio Fiscal».

El recurso recoge otros 12 puntos que giran en torno a estas dos circunstancias que suponen, en su opinión, una vulneración de la presunción de inocencia. Por eso, solicita la nulidad o revocación de la sentencia y, por tanto, la absolución. En caso de no ser estimado, solicita la reducción de la pena por atenuantes a medio año de prisión y un año y nueve meses de inhabilitación para ejercer.