La Junta de Castilla y León informó hoy del traslado de los 31 mayores de la residencia privada Valle del Cuco, en Adrada de Haza, a otros centros residenciales de Aranda de Duero, Burgos, Palencia y Valladolid, con el objetivo de garantizar su atención, y ante la imposibilidad de encontrar personal suficiente para cubrir sus necesidades.

De esta forma los usuarios han sido realojados en otros centros residenciales, tales como la Residencia Virgen de las Viñas, de Aranda de Duero, donde se dio traslado a siete personas; nueve personas han sido reubicadas en la residencia de Cortes; el geriátrico Parquesol, de Valladolid, incorpora a diez personas; y Puente de Hierro, de Palencia, ha acogido a tres personas. Asimismo dos de los residentes del centro han sido ingresados en el hospital.
Según informó la Administración en un comunicado, el principal criterio elegido para la distribución de los residentes en los centros ha sido el de la proximidad y la disponibilidad de plazas, de manera que los traslados de los residentes fueran los más "cortos posibles".
Por Resolución de la Gerencia Regional de Salud y de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León del pasado miércoles 25 de marzo, se acordaron medidas excepcionales para garantizar la continuidad de la actividad del centro residencial privado Valle del Cuco al amparo de lo previsto en el apartado 5.2 Orden SND/275/2020, de 23 de marzo (Dictada por el Ministerio de Sanidad), por la que se establecieron medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Las actuaciones que se realizaron por parte de la Gerencia de Servicios Sociales incluyeron el nombramiento en el cargo de directora del Centro a una funcionaria de la Gerencia de Servicios Sociales; refuerzo del personal para atender a los residentes; la notificación de estos hechos y traslado de la Situación del Centro a la Fiscalía (Burgos) para su conocimiento. Asimismo se dio también traslado a la Subdelegación del Gobierno y al Ministerio de Asuntos Sociales de la decisión tomada.

La residencia privada en la actualidad cuenta con 31 residentes a los que no se ha practicado prueba alguna de COVID-19, de los cuales 18, presentan fiebre o síntomas que pudieran ser compatibles con el coronavirus y 13, sin fiebre u otros síntomas aunque han estado en contacto con los anteriores. 

Desde la Junta informan que desde el día en que se asumió la gestión del centro por parte de la Administración, se procedió al aislamiento de los usuarios asintomáticos en una zona específica de la residencia. Por último, la mayor parte de la plantilla se encuentra de baja laboral por síntomas compatibles con el coronavirus. Asimismo, desde que la Administración se hizo cargo de esta residencia privada, se han dado de baja dos personas más de la plantilla originaria y afirman que aunque se ha procedido a trasladar personal de otros centros, la atención a los mayores "no puede garantizarse con estándares de calidad".

De esta resolución se ha dado traslado al Juzgado de Valladolid solicitando la ratificación judicial de esta medida al Juez de lo Contencioso Administrativo, en virtud del artículo 8.6, párrafo 2º de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como a la Subdelegación del Gobierno para que a su vez lo ponga en conocimiento de los Ministerios competentes.

Asimismo, recuerdan que, en cuanto a las Medidas de Intervención en la Orden  SND/275/2020, se faculta a la autoridad competente de la comunidad autónoma, en función de la situación epidémica y asistencial de cada centro residencial o territorio concreto y siempre atendiendo a principios de necesidad y de proporcionalidad, a intervenir los centros residenciales objeto de esta Orden. 

Entre otras actuaciones, esta intervención podrá conllevar: Ordenar por motivos de salud pública justificados el alta, la baja, reubicación y traslado de los residentes a otro centro residencial de su territorio, con independencia de su carácter público o privado.

Por último desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades lamentan los "inconvenientes" que esta decisión pueda ocasionar tanto a los residentes como a sus familias, aunque recuerdan que su principal objetivo es "garantizar los cuidados y la atención de nuestros mayores".