Un año ha tardado la Junta de Castilla y León en resolver el contrato con la empresa que ejecutaba las obras del centro de salud del Silo, el que sustituirá al de la calle Federico García Lorca. Doce meses de negociación con Vialterra Infraestructuras para que tratara de continuar con la obra solo con un modificado del presupuesto del 2,15% y no del 9,75% como pretendía la empresa no han servido para nada. Y ahora se abre un tortuoso camino para que los trabajos se empiecen de nuevo, algo que no ocurrirá al menos hasta dentro de un año, según apuntan fuentes del propio Gobierno regional. 

Y es que tras la cancelación de la relación contractual con la constructora la Gerencia Regional de Salud ha de llevar a cabo una cantidad ingente de trámites administrativos que llevarán el reinicio de las obras al otoño de 2020. Para empezar la resolución del contrato ha de pasar por el Consejo Consultivo para que emita un dictamen. No es vinculante, pero sí necesario para no dejar abierta ninguna puerta a posibles reclamaciones patrimoniales de la empresa en el futuro.

Después ha de iniciarse el procedimiento de licitación, que deberá ir precedido de un estudio sobre el grado de ejecución del proyecto y sobre las unidades de actuación que son necesarias para completar la infraestructura. Partes del centro de salud está construido pero hay que analizar cuáles han de retocarse como consecuencia del parón de un año de las obras y cuáles quedan por ejecutar. Después la Gerencia de Salud ya podrá  poner precio de salida a las obras, después de lo cual habrá de abrirse el plazo de concurrencia de ofertas para adjudicar. En resumen, como mínimo un año de tramitación antes de que vuelvan las máquinas.

 En octubre de 2019 -al cumplirse un año de la adjudicación- la empresa solicitó la modificación del proyecto de obras y su suspensión temporal hasta la tramitación de la modificación del proyecto y del contrato, solicitud que fue denegada previo informe desfavorable de la dirección facultativa. Pese a ello, las obras se pararon, aunque la Junta informaba este jueves, tras el Consejo de Gobierno que decidió resolver el contrato, de que fue «en abril de este año cuando se informa de que el retraso sobre la planificación inicial es de cinco meses». Ahí llevaban los trabajos detenidos al menos 7 meses. Y no es hasta julio cuando se propone la resolución del contrato, que fue recurrido en agosto, sin éxito para la constructora.

Las consecuencias administrativas de la resolución son dos: la incautación de la garantía y la realización de las actuaciones de comprobación, medición y liquidación de las obras realizadas para poder licitar de nuevo la construcción.