La Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos ha ofrecido a la Diputación el traspaso del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Cortes para que sea la institución provincial la que se haga cargo de la gestión de las plantas de biometanización, compostaje y clasificación de desechos. Es decir, una oferta para que sea el Consorcio Provincial el que, al igual que sucedió en su día con el vertedero de Abajas, sea el que asuma el tratamiento de la basura que se genera en la ciudad y el Consistorio, por su parte, abone un canon por tonelada.
La oferta realizada por el Ayuntamiento se argumenta, según se detalla en un escrito que se envió hace ya varios meses a la Diputación, en que se considera «obsoleto» y un «modelo ya superado» que sea la ciudad la que se encargue de esta labor. A modo de ejemplo se detalla que «todos los centros de tratamiento de las capitales de provincia de la región están incluidos en un consorcio provincial, a excepción de Valladolid». En este caso «por la importancia relativa de la capital respecto de la provincia» e incluso aquí apuntan que podría estar pensándose en un cambio.
Pero esta situación, según defienden en el Ayuntamiento, no se daría solo en Castilla y León sino que, sin irse demasiado lejos, «otras capitales de provincia de nuestro entorno como Oviedo, Santander, Bilbao, San Sebastián o Logroño tampoco realizan el tratamiento de los residuos urbanos que en ellas se recogen. Son entidades de ámbito provincial las que lo asumen». Tampoco en Barcelona, donde esa tarea la ejerce el área metropolitana (otra entidad supramunicipal).
Según defiende el Ejecutivo socialista «la eficiencia y racionalidad de la gestión está detrás de este modelo ciertamente extendido». Porque, tal y como se añade, «la integración del CTR en el Consorcio se beneficiaría de la sinergia de la economía de escala. Determinados residuos que se recogen en los puntos limpios en la parte sur de la provincia (por ejemplo, envases) podrían tratarse en Cortes, en lugar de en Abajas como en el momento actual, reduciendo además la huella de carbono».
Este es el punto de partida de un primer contacto que arrancó en octubre del año pasado. Técnicos de l Consorcio visitaron las instalaciones y desde enero las llamadas del Ayuntamiento a la Diputación no han tenido respuesta. En abril, el alcalde, Daniel de la Rosa, trasladó al presidente de la Diputación, César Rico, y al vicepresidente de la institución provincial, Lorenzo Rodríguez, el interés por iniciar una negociación entre los técnicos de ambas administraciones pero las buenas palabras no han ido acompañadas de hechos.
Al parecer, la Diputación habría encargado a una empresa un informe para conocer la viabilidad de la propuesta, pero oficialmente no se conocen las conclusiones.
En la actualidad, la gestión del CTR la realiza la empresa Cespa, pero su contrato, que arrancó hace una década, está a punto de expirar. De hecho, se ha firmado una prórroga de tres meses por la declaración del estado de alarma.
Dicho de otra manera, al Ayuntamiento le urge saber si la Diputación está dispuesta a hacerse cargo de ese espacio ya que la ciudad debe de mover ficha. Es decir, necesita saber si existe interés por parte de la institución provincial porque en caso contrario tendrá que prorrogar el contrato por 4 años o volver a licitar la gestión.
Otra realidad es el envejecimiento de unas instalaciones y de una maquinaria que está obsoleta. Hasta el punto de que hace unos meses se hablaba de que era necesario acometer una inversión de alrededor de 7 millones de euros para modernizarla. Y el Ayuntamiento no parece que esté por la labor.
Frente a ese handicap, la baza que tiene la capital es que ahora mismo los residuos de tres mancomunidades del Alfoz (de las zonas de Ausín, el valle de Santibáñez-Zarzaguda) van directamente a Cortes (antes de llevarse al vertedero de Abajas). Es decir, el Ayuntamiento, a unas malas, podría llegar a decirle a la Diputación que no admite esos desechos. De momento, la callada por respuesta.