El sector de la caza en Burgos ha acogido con la lógica satisfacción la última sentencia del Tribunal Supremo que, a su entender, no solo pone punto y final a todo el contencioso judicial y legislativo en torno a esta actividad en Castilla y León, sino que crea jurisprudencia para que lo ocurrido en los últimos años no se vuelva a repetir en otras comunidades autónomas.

El fallo del Supremo, que anula la sentencia del TSJ contra el decreto cinegético de la Junta de Castilla y León de 2015, marca "un antes y un después" y, a entender de Santiago Iturmendi, pone en su sitio "y da un varapalo entre líneas" a la actuación de la Sala de lo Contencioso de Valladolid, "que siempre ha fallado en contra de la caza y de los intereses de la actividad cinegética en la región".

"El Supremo dice de una forma contundente que en Castilla y León se cumple la normativa europea sobre gestión de especies. Es una noticia importante para toda España porque en este proceso de ha llegado a paralizar la práctica de caza y se ha puesto en jaque a todo el mundo que rodea y vive de esta afición", señala el presidente de la Federación. "Tumba argumentos muy sectarios, refrendados por técnicos que no eran de reconocido prestigio, y a partir de ahora habrá que tener más cautela al emitir resoluciones en contra de los intereses de la Junta y de la caza".

Los aficionados, en torno a 120.000 en la Comunidad, están ahora a la espera de la entrada en vigor de la Ley de Gestión de Sostenible de los Recursos Cinegéticos de Castilla y León, cuyo anteproyecto ya cuenta con el visto bueno del Consejo Regional de Medio Ambiente y ahora debe pasar por el trámite del Consejo Consultivo. "Estamos en la recta final y esperamos que llegue pronto a las Cortes para su aprobación definitiva". "Queremos una ley buena y eficaz, que defienda los derechos de la caza y de los cazadores y que compagine los intereses de todos los sectores que habitan en el mundo rural".