El año 2030 es la fecha fijada por la Junta para cumplir en todo el territorio de Castilla y León los valores de referencia sobre la calidad del aire marcados por la Organización Mundial de la Salud, así como los indicadores de ozono para proteger la salud fijados por la Unión Europea. La hoja de ruta para alcanzar este objetivo se refleja en la nueva estrategia de mejora de la calidad del aire, donde el Gobierno autonómico incluye medidas para fomentar el ahorro y la eficiencia energética a través de nuevas tecnologías y buenos hábitos entre la población.

La estrategia, que será aprobada por el Consejo de Gobierno en las próximas semanas, cuenta con actuaciones dirigidas al sector industrial, al residencial-comercial-institucional y al sector agrícola y ganadero como principales actores influyentes en la contaminación atmosférica. Por ello, la Junta plantea facilitar y promover la sustitución de equipos obsoletos tecnológicamente hablando e inculcar la cultura de la eficiencia energética tanto en la industria como en el ámbito de la construcción residencial, donde también se impulsarán actuaciones orientadas a la renovación de los edificios para mejorar los aislamientos y con ello reducir el consumo de energía. Los planes autonómicos no olvidan tampoco objetivos de información a la población y otros relacionados con el ozono troposférico (contaminante secudario que no se emite directamente a la atmósfera, sino que se forma a partir de reacciones fotoquímicas).

Las pautas generales de la conocida como economía circular se incluyen en este proyecto con medidas en todos los sectores, fundamentalmente en el industrial, donde se incide en la aplicación de las mejores tecnologías disponibles y la aplicación en el menor plazo posible de las normativas de emisiones a la atmósfera. Precisamente, la estrategia contempla la financiación de muchas de sus medidas aprovechando los instrumentos de la Unión Europea relacionados con la economía circular.

El CES, en su informe previo dado a conocer esta semana, considera que las diferentes administraciones deben impulsar ayudas a los sectores afectados por tener que enfrentarse a los desafíos de innovación e inversión en la transición hacia una economía baja en carbono. «Es imprescindible poner en marcha medidas que apoyen una transición justa que garanticen que nadie se quede atrás y favorezcan la adaptación de nuestro tejido productivo», afirma.

Carencias

No obstante, dicho informe del Consejo Económico y Social, último pasos previo para la aprobación de la estrategia por parte de la Junta, señala algunas carencias y la más importante es la ausencia de «ninguna referencia a los costes de implantación de las medidas contenidas en la misma, ya que son meras propuestas de carácter voluntario». Desde el órgano consultivo se recomienda que en los «futuros planes específicos para la reducción de los niveles de ozono se incluya una cuantificación» por la importancia de ellos para la mejora de la calidad del aire.

Desde la Junta explican que la estrategia incluye medidas de acción que deberán desarrollar diferentes áreas de las administraciones autonómica y locales y otros agentes sociales para reducir las emisiones contaminantes, pero que posteriormente deberá elaborarse un plan que incorporará un paquete de medidas específicas para disminuir los niveles de ozono y otras orientadas a mejorar el conocimiento de la población.

Finalmente, el CES echa en falta una «planificación concreta del seguimiento de su implementación para poder evaluar la eficacia de sus actuaciones» y considera que esta estrategia debe destacar su confluencia en medidas y objetivos con otros planes nacionales e internacionales e incluso con todas las iniciativas relacionadas con el cambio climático.