No es la primera vez que el Ayuntamiento tarda en contestar al Defensor del Pueblo o al Procurador del Común, instituciones que tienen encomendadas la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, supervisar a las administraciones y a los poderes públicos cuando vulneren los derechos de los ciudadanos, una a nivel nacional y otra regional.? Sin embargo, en esa ocasión la demora en atender sus requerimientos puede conllevar consecuencias penales.
El Procurador del Común ha incluido a la institución local en el apartado de entidades no colaboradoras por no informar sobre la falta de vigilancia de las licencias a los chamizos, -locales que alquilan los jóvenes para reunirse-, a raíz de una queja que alega que el propio Ayuntamiento incumple su Plan de Drogodependencias.
Se le pidió documentación el 7 de julio y se le dio un plazo de un mes para enviarla. Siguió sin contestar y se le volvió a reclamar formalmente el 4 de septiembre pero con el mismo resultado y ahora se le ha trasladado un apercibimiento. «El Ayuntamiento está obligado a contestar. No es lo mismo que en el caso de una resolución, que se puede aceptar o rechazar pero previamente se ha enviado la documentación y permite al Procurador del Común hacer su trabajo y resolver la queja. Si no contesta no se puede responder a la persona que se queja ni hacer el trabajo, lo que es más grave», indican fuentes de la institución regional.
El deber de colaboración con el Procurador estará recogido en la Ley 2/1994, de 9 de marzo, de esta institución y sus respectivas modificaciones. «En la queja se alerta de la falta de vigilancia para comprobar que los chamizos tienen licencia o contratos con los dueños de los locales, algo que se iba a controlar con el Plan Municipal de Drogas para evitar botellones o consumo de drogas», señalan las mismas fuentes.
Cuando una administración no atiende a la segunda petición de información se le incluye en el registro de entidades no colaboradoras, como ha sido el caso del Ayuntamiento, y se le apremia de nuevo para que conteste. Si sigue inclumpliendo, el Procurador puede llevar el caso a la Fiscalía o incurrir en un delito tipificado en el artículo 502 del Código Penal.
No obstante, la institución podría resolver la queja dando la razón a la persona que se la ha presentado o archivar el caso al no poder continuar con el procedimiento por carecer la información. Según los datos de la Memoria del Plan Municipal de Drogas de 2018 el 42% de los chamizos no tienen un contrato de arrendamiento, lo que hace que los jóvenes que acuden a estos chamizos estén totalmente desprotegidos ante cualquier incidente que pueda surgir y también el propietario, al alojar personas de manera irregular y cobrar por ello. Además, si surge algún tipo de conflicto con el vecindario la comunidad no tiene a quién reclamar.
Hace menos de un mes la Policía Local cerró cuatro chamizos y precintó otros 3 debido a que está prohibida su apertura por la aplicación del plan de medidas contra la covid-19 aprobado por la Junta al tener la consideración de peña.
Los intentos de regular este tipo de locales han sido infructuosos hasta el momento por la complejidad del fenómeno, la última en la modificación del PGOU de 2014 que está en tramitación.
Se da la circunstancia de que esta falta de diligencia del Ayuntamiento con el Procurador del Común no solo afecta al caso de los chamizos sino también a otra queja relacionada con los malos olores que produce una cafetería.