Tras casi tres años de negociaciones, los ministros comunitarios de Agricultura tienen previsto cerrar estos días las negociaciones para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) que se han desarrollado durante los últimos tres años. Por los retrasos en la aprobación del marco financiero plurianual, esta nueva PAC ha visto aplazada su entrada en vigor dos años, hasta 2023. En la primera quincena de junio, Agricultura acordará su aplicación con las autonomías.

El pasado mes de octubre los ministros de Agricultura suscribían un acuerdo político que ha sido debatido en los últimos meses entre Consejo, Comisión y Parlamento para llegar un consenso en reglamentos claves como las organizaciones comunes de mercados, planes estratégicos que debe elaborar cada país para ubicar los fondos y cuestiones financieras. Frente a la actual regulación de la PAC, a grandes rasgos, en la nueva habría, al menos, cuatro líneas que marcarán la diferencia sobre la anterior.

Una es el mayor peso de la política verde al suponer ya un 40% de todo el presupuesto por la condicionalidad reforzada siguiendo la filosofía marcada por iniciativas como ‘Del campo a la mesa’ y ‘Biodiversidad 2030’, en las que se plantean medidas como la reducción en el uso de abonos y de fitosanitarios. En ese contexto, entre las novedades más importantes se hallan los ecoesquemas, por los que un agricultor o ganadero puede plantear iniciativas más allá de lo exigido por la Comisión en la aplicación de medidas agroambientales a cambio de recibir más ayudas.

Recta final para la reforma de la PAC - Foto: Ministerio de AgriculturaEn segundo lugar, se verá un impulso a la política de redistribución de los fondos en beneficio de pequeñas y medianas explotaciones que sean viables.

Otro cambio será una mayor simplificación en la gestión de las ayudas aplicando nuevas tecnologías para eliminar la presentación de papeles al solicitarlas, por disponer ya el FEGA de la información sobre cada explotación a través de la información que facilitan los satélites.

Y por último, la exigencia no solo de los necesarios controles para determinar si las peticiones se han hecho de forma correcta, sino de analizar los resultados de los gastos para comprobar si las actuaciones han sido eficaces.

Para España, la nueva PAC contará con 47.724 millones de euros para un periodo de siete años, de los que unos 5.000 millones anuales corresponden a pagos directos, un volumen igual a la cifra percibida en el periodo anterior, pero que por el efecto de la inflación el sector considera un 10% inferior. Según un estudio de la UE, los fondos totales de la PAC suponen el 36% de los ingresos de una explotación y solo los pagos directos significan el 26%.

En conjunto, de los 5.000 millones en fondos para los pagos directos, los recursos destinados para Ayuda Básica a la Renta supondrán casi el 60% y en ellos se integra el actual pago verde. Para los ecoesquemas, la nueva PAC contempla la propuesta inicial de destinar el 20% de los fondos para pagos directos defendida por Alemania; España planteaba 14%. En el caso de España, ese 20% supondría la disponibilidad de unos 1.000 millones. El Parlamento propone que ese porcentaje llegue al 30% y se baraja la posibilidad de dejarlo en el 25%. Los ecoesquemas serían obligatorios para todos los países. En España se considerarían medidas de ecoesquemas prácticas como la mejora en la sostenibilidad de los pastos, sistemas de siega o márgenes sin segar, fomento de la rotación de cultivos, cubiertas vegetales, pastoreo extensivo, la agricultura de precisión, gestión de nutrientes, prácticas alternativas a la quema de rastrojos, mejora y conservación de los suelos, siembra directa o mejora de la biodiversidad. Desde Aragón, el consejero de Agricultura, Joaquín Olona, considera que estos ecoesquemas deberían tener como destinatarios prioritarios a las pequeñas y medianas explotaciones.

Los pagos acoplados, actualmente el 12% de los fondos, pasarían a suponer el 13% más dos puntos más. Los apoyos a los programas sectoriales que actualmente afectan al vino, a la apicultura o a las frutas y hortalizas pasarán a disponer del 3% de los fondos. España logró ya la incorporación del olivar.

En el marco de la política redistributiva obligatoria en toda la UE, se negoció el techo de los 100.000 euros por peticionario con un ‘capping’ o ajuste a partir de los 60.000 euros del 25%, entre 75.000 y los 90.000 euros del 50% y del 80% a partir de los 90.000 euros. La reforma no ha definido los techos sobre la convergencia de ayudas en el marco comunitario para corregir las actuales diferencias. En España Agricultura lo acaba de regular estableciendo que en una misma región el pago más bajo en 2021 debe superar el 70% de la media regional para llegar al 80% en 2022, medidas que han sido motivo de protestas en algunos territorios. El objetivo oficial es que por una misma actividad cobre lo mismo un agricultor que otro.

Desde el sector se reclama que esta política de convergencia no se haga a palo seco, sino que vaya acompañada de otras medidas previstas de redistribución como el mayor pago a las primeras hectáreas de una explotación viable. Resta por saber el porcentaje máximo de fondos a pasar de uno a otro pilar, pagos directos y desarrollo rural.

Las ayudas para la incorporación de los jóvenes a la actividad, que suponen actualmente hasta el 2% de los fondos, mejorarán al tener que representar como mínimo ese 2% con el techo de los 100.000 euros.

Una puerta abierta al debate y la polémica a última hora es la exigencia de la condicionalidad social y los controles por parte de las autoridades para que el cobro de ayudas PAC esté ligado al cumplimiento de las normas sobre contratación y derechos laborales. Sobre la definición del agricultor genuino como el destinatario prioritario de las ayudas, las propuestas ya cerradas contemplan la necesidad de que los ingresos por la actividad supongan al menos entre un 20% y un 30% de sus ingresos totales.

Con la nueva reforma se plantea dar respuesta a una vieja demanda como es la simplificación de la gestión y la burocracia a la hora de solicitar las ayudas. En esta línea de simplificación se halla la incorporación de las nuevas tecnologías y con ello la posibilidad de que en el futuro no haya necesidad de cursar solicitudes, siendo suficientes los datos sobre cada explotación obtenidos por satélite, en poder de la Administración. En España ese objetivo se lograría vía el Plan NIVA del Fondo Español de Garantía Agraria, junto a otros instrumentos como el Sistema de Información de Explotaciones (SIEX).