El Ayuntamiento de la localidad ribereña de San Martín de Rubiales se esté encontrando con más trabas de las que esperaba en un principio para poner en marcha la creación de una vía verde por el trazado del antiguo ferrocarril que cubría la línea Valladolid-Ariza, a su paso por la comarca ribereña. Por distintos motivos, algunas bodegas de la DO, localidades de la zona peñafielense y el propio Ministerio de Turismo han puesto pegas a esta idea, que cuenta con apoyos en diversos municipios de la Ribera burgalesa.
Entre los contactos que se han estado manteniendo por parte de los promotores de la idea, el Ministerio de Turismo era el primero en expresar un obstáculo al proyecto de vía verde. "Lo que nos han dicho es que la línea férrea corre más o menos paralela al sendero de gran recorrido GR-14 y que, habiendo eso, la vía verde no tendría mucho sentido", resume el alcalde de San Martín de Rubiales, Juan Cruz Velasco, que no tiene intención de tirar la toalla y que sigue adelante con la iniciativa junto con su equipo de gobierno.
Otro inconveniente ha partido desde varias localidades vallisoletanas que estarían incluidas en el posible trazado de la vía verde, que contemplaría un tramo de 30 kilómetros de la antigua vía férrea. "Sería comenzar en Peñafiel y acabar en Castrillo de la Vega, en un principio esa es la idea, pasando por Bocos del Duero, Roa y Berlangas de Roa", enumera Velasco, alcalde de San Martín de Rubiales, que no cierra la puerta a que el tramo escogido pueda variar, empezando en otro punto o añadiendo más localidades que pudieran estar interesadas. Sin embargo, el entorno peñafielense está en otras luchas. "Los de la zona de Peñafiel no están por la labor porque lo que ellos quieren es que se cree un tren turístico y las dos cosas no se pueden hacer", reconoce el alcalde de San Martín de Rubiales, apostillando que ese proyecto de ferrocarril enoturístico no sería viable en la zona burgalesa porque hay muchos tramos en los que ya no quedan los railes de la antigua línea, que lleva clausurada desde el año 1994.
La última pega partía del ámbito bodeguero, donde algunas elaboradoras enmarcadas en la DO Ribera del Duero, con Protos a la cabeza, no son partidarias de esta vía verde. "Nosotros hablamos con el Consejo Regulador y nos dijeron que este era un tema en el que ellos no podían entrar, pero ni a favor ni en contra; sin embargo hay bodegas que parece que no están por la labor, algunas por las que pasa cerca la vía o que están junto al GR-14", comenta Velasco.
PLAZOS E INVERSIÓN. En los contactos previos que se habían mantenido previamente para conocer la viabilidad del proyecto, desde Adif les aclararon a los promotores que se podía llegar a un acuerdo de cesión de la línea por un periodo de 20 años, que se podría prorrogar por otros diez más, y que sería este organismo público el que, una vez aprobado el proyecto, se encargaría de levantar los raíles que todavía queden sobre el terreno, que en algunos puntos han desaparecido a causa de robos en esta propiedad pública, y de compactar el firme para que pueda ser transitable tanto andando como en bicicleta. "Los ayuntamientos que nos implicásemos tendríamos que pagar un canon, que se calcula en función de los habitantes, porque no es lo mismo Bocos que Roa, por ejemplo, pero que no pasaría de 100 euros por kilómetros al año", adelanta Velasco.
En cuanto a la materialización del proyecto, desde el Ayuntamiento de San Martín de Rubiales estiman que las obras para ponerlo en marcha podrían no durar más de año y medio. La inversión que puede suponer hacer realidad la vía verde se calculaba en torno a un millón de euros, aunque puntualizaban que existen líneas de ayudas por parte de la Administración central, a través del Ministerio de Agricultura, a las que se intentaría optar para que no fuese inviable para las arcas de los municipios que, al final, participen. De todas formas, aunque la idea esté avanzada, teniendo en cuenta la situación excepcional en la que se encuentra el país a causa de la crisis sanitaria por el coronavirus, el proyecto quedará aparcado hasta que se recupere la actividad normal tanto de la sociedad como de las administraciones públicas.