Hay que distinguir entre lo dudoso y lo imposible. Y concebir que hay cosas que ni siquiera Sánchez se atrevería a hacer, por mucho que el arrojo y la resistencia formen parte de su carácter irreductible. Lo dudoso, por supuesto, es la posibilidad del encaje constitucional de una ley de amnistía. En esto los juristas no se ponen de acuerdo, como es lógico, pues la ley está sujeta a interpretación y sobre ello versa nada menos que los enormes tomos de jurisprudencia que hay escritos. La ley tiene un proceso y un final. En lo primero los aldabonazos pueden ser de trincheras diversas. En el final los tribunales superiores, según el caso, tienen la voz definitiva. Por ello esta duda no estará resuelta hasta que no se pronuncie el Constitucional y su sentencia tendrá mucho que ver con hasta qué punto las palabras se acerquen a los hechos. 
Pues hasta ese final, lo que promuevan unos u otros no será legal ni ilegal. Forma parte de la controversia del sistema democrático que se resuelve en el voto o los tribunales. Para unos, la prohibición constitucional de los indultos generales en el artículo 62, afecta de manera negativa. Para otros la no prohibición expresa, y dos sentencias del Constitucional de los años 80, sobre la ley de Amnistía de 1977, en las que expresa «la diferenciación cualitativa» entre el indulto y la amnistía, abren una estrecha puerta. 
Lo que no alberga duda es lo imposible. O sea, que Sánchez acepte las premisas justificativas del independentismo en este escabroso tema. De hacerlo hundiría al país en un desprestigio brutal, a la Justicia en un desánimo oscuro y a los ciudadanos en una desorientación copernicana. Sería como decirnos que tienen razón los terraplanistas. O sea, que una cosa será la ley y otra la argumentación de su necesidad, que jamás debe ser, como quiere el independentismo, reconocer que fueron víctimas de una represión por parte del Estado español, que sus líderes fueron presos políticos y que el referéndum del 1 de octubre fue legal y formó parte de su derecho a decidir.
Amnistía proviene de «amnesia», y podrá ser discutible practicar el olvido sobre un hecho punible, de carácter social, que significa un problema endémico dentro de la identidad de España, pero arrasar la memoria y culpabilizar al Estado de haber ejercido el derecho de su supervivencia es inaceptable. 
Si el olvido se produce en un ejercicio de futuro, desde la perspectiva de la gracia, y dicho olvido afecta a la proclamación de otra independencia unilateral (DUI), reforzando su ilegalidad, y el independentismo entra en el juego democrático vigente, sí sería positivo para España ayudar a la resolución del conflicto, y a mejor encaje constitucional de los territorios que la Constitución reconoce como nacionalidades históricas.