La Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional llevó a cabo hace unos tres años una macro operación en Burgos contra la explotación sexual en varios clubes. Una investigación, denominada 'Corinto', que también se desarrolló en la provincia de Ourense (Galicia) y en la que terminaron vinculadas ocho personas, la mayoría miembros de una misma familia procedente de Colombia.
La Fiscalía les acusa de varios delitos como el favorecimiento de la prostitución, la inmigración clandestina e ilegal o la trata de personas, y pide para esta red un total de 254 años de prisión. Los acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial la próxima primavera.
Según el escrito del Ministerio Público, esta organización, que tenía una «sólida infraestructura» y las tareas muy bien definidas, llevaba al menos desde 2018 captando a mujeres de Colombia a las que traía engañadas hasta España. Una vez aquí, las obligaban a prostituirse en varios clubes de la capital. En la cúspide de esta red asentada en Burgos sitúa a R.O.P., quien estaba en contacto con su hermana N.O.P., que residía en su país de origen y se encargaba de captar a las mujeres aprovechando su difícil situación económica. Así, las ofrecían la posibilidad de ganar dinero cuidando ancianos o como cocineras, ocultándolas que en realidad iban a llegar a España a ejercer la prostitución.
El entramado gestionaba los trámites relativos a la obtención de pasaportes, permisos, billetes de avión e incluso cantidades de dinero en efectivo para poder acreditar en la frontera medios de vida. Una vez llegaban al país, se desplazaban a Burgos en autobús, donde las recogía R.O.P., quien junto con otra hermanastra L.P.T. y la sobrina de ambas P.P.P. las acogían en un piso ubicado en la calle Alejandro Yagüe. Allí les informaban de que habían contraído una deuda y que para devolverla debían ejercer la prostitución.
Más allá del control que ejercía la organización sobre ellas en Burgos, manteniéndolas aisladas, las presionaban haciéndoles saber que en Colombia había miembros de la red que conocían a sus familiares, amenazándolas con que de no hacer lo que se las pedían serían ellos los que «pagarían las consecuencias». Bajo estas circunstancias, debían estar disponibles para servicios todos los días de la semana durante 24 horas. Era en este punto donde entraban en juego los otros cinco acusados con diferentes funciones, A.S.R., A.A.T.O., F.N.Q.S., B.T.O. y M.E. V. A., todos ellos con vínculos familiares.
La explotación sexual se llevó a cabo, según la fiscal, en varios clubes de la ciudad como La Boheme, Las Maldivas o el Zafiro, donde fue detenida la cabecilla, si bien también las llevó al club Caprichos de Carballino de Ourense. Todo el dinero cobrado por los servicios se lo quedaba la red como parte del pago de la mencionada deuda contraída. Algunas de estas cantidades de dinero fueron enviadas a Colombia.
El Ministerio Fiscal entiende que los acusados han cometido, en diferente grado, delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, favorecimiento de la inmigración irregular, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Solicita penas que van desde los 10 hasta los 41 años de prisión para un total de 254. También indemnizaciones de 25.000 euros a las víctimas.