A Pedro Sánchez, candidato a la presidencia del Gobierno le va a ocurrir lo mismo que a su predecesor en el intento, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que el plazo indeterminado del que goza para presentar su programa de gobierno ante el Congreso, se le puede hacer extremadamente largo, entre las reuniones negociadoras con todos los partidos de los que necesita su voto, por las recurrentes exigencias de los independentistas catalanes, de las que cada día aparece un ramal nuevo, y de la desconfianza de otros sobre el cumplimiento de lo pactado.
Al presidente del Gobierno en funciones le cuesta pronunciar la palabra amnistía, como última barrera ante una plausible repetición electoral, pero ya no se niega a explicarla cuando las negociaciones sobre su investidura estén cerradas, y los votos para mantener su inquilinato en La Moncloa, asegurados. Entre tanto se asiste a las inevitables tácticas negociadoras y dilatorias que tienen por objeto poner nervioso a la otra parte. El prófugo Carles Puigdemont juega con fuego al someter el apoyo a la investidura a Sánchez a una consulta al consejo de la república, que ha sido exigida por un sector crítico con su proceder en la negociación, que en caso de ser contraria supondría un serio contratiempo para los intereses del factótum de Junts y para las intenciones de Sánchez de no ir a la repetición de elecciones. El resto de los partidos, incluidos Sumar y el PNV no dejan de poner sus agendas sobre la mesa aunque sus votos están cautivos si no quieren la repetición electoral. En caso contrario, que lo digan ya y se deja correr el calendario.
El PSOE por su parte maniobra igualmente e introduce en el equipo negociador con los partidos dos nuevos emisarios incómodos: Salvador Illa, el primer secretario del PSC que les ha ganado las elecciones en Cataluña a los independentistas y les dejo sin la alcaldía de Barcelona, -por lo que Junts no le considera un interlocutor válido-; y a Óscar Puente, el "doberman" de Feijóo en su debate de investidura, que además de su verbo hiriente es un negociador correoso.
Queda, además, la gestión del tiempo. En el PP urgen a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que fije ya la fecha del Pleno de investidura, aunque de seguirse la norma no escrita tendría que conceder entre un mes y mes y medio al candidato, lo que lo acerca al límite del 27 de noviembre, para que vaya apañando sus apoyos. Al PP solo le queda tratar de condicionar las negociaciones desde fuera sabedores que el acuerdo a varias bandas, si lo hay, no llegará hasta el último minuto y dispondrán de todo ese tiempo para maniobrar contra la concesión de la amnistía en la calle y en las instituciones en las que gobiernan y alimentar su estrategia de la repetición electoral.