La larga batalla judicial iniciada por el registrador de la propiedad de Villarcayo contra el Ayuntamiento villarcayés en 2018 a cuenta de las plusvalías se saldó en 2020 con dos sentencias desfavorables a sus pretensiones. Pero en 2021 volvió a insistir ante el Ayuntamiento que, de nuevo, rechazó su petición y ante la nueva negativa, en 2022 volvió a acudir a la vía del Contencioso Administrativo, donde esta vez sí han sido estimadas en parte sus pretensiones. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó hace pocas semanas al Consistorio a pagarle 15.167 euros por las gestiones que realizó en virtud del convenio que hasta 2017 mantuvo con el Ayuntamiento para la gestión, liquidación y recaudación del Impuesto sobre el Incremento del Valor Añadido de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalías.
El convenio firmado entre Ayuntamiento y registrador en 2010 estuvo vigente hasta junio de 2017, en que ya no fue prorrogado. En este intervalo el registrador tramitó y cobró para las arcas municipales 4.943 plusvalías, que están obligados a pagar quienes venden suelo urbano y se les presupone un beneficio en la transacción. El profesional se llevaba una comisión del 10% de cada recibo. Pero a finales de 2016 y de nuevo a principios de marzo de 2017 se le comunicó que ya no se iba a prorrogar ese convenio, vigente hasta junio de ese año. En los últimos coletazos del convenio, del 28 de marzo hasta junio de 2017, el registrador tramitó 634 recibos correspondientes a transacciones de 2016 y 2017, que según el TSJ queda probado que fueron remitidos al Consistorio a través de la plataforma del Colegio Oficial de Registradores, tal y como se había venido haciendo en años anteriores para que el alcalde o en quien delegara las firmara electrónicamente. Pero el Consistorio nunca las firmó y delegó su gestión e incluso su firma en la Diputación, a la que encargó ocuparse de este tributo una vez acabara la vigencia del convenio con el registrador.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Burgos 1 estimó en octubre la totalidad del recurso presentado por el registrador contra el acuerdo de la junta de gobierno de febrero de 2022 que desestimaba su última petición. Exigía al Ayuntamiento «su obligación de dictar los oportunos actos jurídicos administrativos» y que le reconociera el derecho a cobrar el 10% de las 634 plusvalías que se le remitieron electrónicamente. Pero el Consistorio le contestó, entre otros argumentos, que ya había pedido lo mismo en 2018 y los tribunales avalaron la postura municipal. Sin embargo, el TSJ concluye que en 2018 el registrador recurrió contra el silencio administrativo del Consistorio cuando le pidió que firmase las liquidaciones del impuesto que le había facilitado antes de que expirara el convenio, mientras que en 2022 planteó al Ayuntamiento que dictara «los oportunos actos jurídico-administrativos y le abone las cantidades que le correspondan». Por ello, el TSJ dice que ambas cuestiones «guardan relación», pero son «distintas» y se incorpora la petición económica.
Muchas de golpe al final. De las 634 plusvalías salía una recaudación de 252.789 euros, por lo que hubiera tenido que cobrar 25.278 euros, el 10%, pero el TSJ recuerda que la tramitación final de esos recibos corrió ya a cargo de la Diputación. Añade que «una parte importante de las liquidaciones se enviaron en una fecha próxima a la pérdida de vigencia del convenio, lo que en cierto modo, impedía, por el escaso margen de tiempo, que el registrador pudiera continuar con sus labores de gestión hasta finalizar la recaudación de las plusvalías». De ahí que reduzca un 40% los 25.278 euros que reclamaba y los deje en un pago de 15.167.