El Ayuntamiento del Valle de las Navas señala a la urbanización con la que mantiene un contencioso como responsable de no haber podido acabar en el plazo marcado por el juzgado los trabajos para la prestación del servicio de recogida de aguas fecales. Asegura la alcaldesa que no se les autoriza un enganche de luz de la depuradora a las nuevas bombas. «Si esa obra no se ha acabado es por su culpa», afirma visiblemente molesta la alcaldesa, Purificación Fernández, que niega que sea por falta de voluntad municipal o con la intención de «causar molestias a los propietarios», como sostienen estos. 

«Mientras ellos no se decidan a colaborar, no hay nada que hacer», recalca la regidora sin querer entrar en más consideraciones, puesto que sus argumentos han sido enviados al juzgado, salvo matizar que no han abandonado los escombros en la calle de entrada a la urbanización, como sostienen los vecinos, sino que se trata de material de relleno a emplear en la finalización de la obra.

Los residentes en la urbanización Las Navas de Rioseras ganaron un contencioso al Ayuntamiento por la gestión de las aguas fecales. El juzgado dio un plazo para ejecutar esas obras, y una prórroga después hasta el 31 de agosto, que no se ha cumplido. Los vecinos sostienen que se ha hecho «una intervención parcial» que consideran «la sutil venganza del Ayuntamiento» a su derrota en los tribunales.

A fecha 11 de septiembre, los demandantes aseguran que el circuito de aguas fecales sigue colapsado y que estas permanecen en la acera, junto a la vivienda más cercana a la entrada de la urbanización, en unas condiciones de insalubridad y malos olores que se han agudizado con el calor. «Lo único que se ha hecho ha sido colocar unos tableros de madera encima de la acera», que tampoco se ha señalizado, detallan en el escrito al juzgado.

Por otro lado, desde la urbanización rechazan que el Ayuntamiento quiera imputar a la comunidad de propietarios -que además no existe- o a vecinos particulares el consumo de luz cuando a su juicio se trata de un servicio público y debe hacerse cargo, sin perjuicio de que posteriormente pretenda repercutir los costes a terceros.