La Consejería de Sanidad y San Juan de Dios han mantenido ya conversaciones para reconducir la relación, después del roce provocado por la demora en el pago de 5,9 millones por los servicios prestados al HUBU en 2023 y, sobre todo, por la intención de la dirección general de Asistencia Sanitaria de aplicar una merma de 377.000 euros a este importe. Fuentes oficiales indicaron que las dos partes confían en resolver el problema «en breve» y garantizar así que la sanidad pública pueda seguir derivando pacientes al hospital de la Isla, al menos hasta el 31 de diciembre.

A finales de año vence el convenio especial de colaboración entre la Consejería de Sanidad y la congregación mediante el que el HUBU puede derivar a 6.990 personas al año al hospital privado: 950 para hospitalizaciones (de larga estancia y/o con necesidad de cuidados paliativos); 1.280 para cirugías; 1.350 para pruebas diagnósticas; y, por último, otras 3.410 para consultas externas. 

De alcanzarse ese máximo, San Juan de Dios podría cobrar 6,3 millones. Pero, como sucede en todos los acuerdos de este tipo, el canon se divide en una parte fija y otra variable, en función de la actividad realizada. El problema es que, ahora, los 377.000 euros que la dirección general de Asistencia Sanitaria pretendía reducir se aplican sobre la parte fija. Y la congregación discrepaba tanto de la interpretación como de la argumentación.

De ahí que la semana pasada la congregación informara al comité de empresa del hospital privado de la Isla de su intención de recurrir a todas las instancias posibles para reclamar el pago íntegro de la deuda de Sacyl por los servicios prestados, que en San Juan de Dios cifran en casi 5,9 millones. Y destacan que eso se debe a que, gracias «a la colaboración» de la dirección del HUBU, el «nivel de ejecución» del convenio es «muy alto». En todo caso, la Orden garantizó el pago de los salarios de todos los trabajadores y afirmó que ni la deuda ni la reclamación alteran el proyecto de ampliación y transformación del hospital privado de la Isla (ver despiece adjunto).

Sendas partes aspiran a resolver este problema «cuanto antes» para garantizar las derivaciones de un centro sanitario a otro y evitar que se repita la dinámica de años previos, cuando la recta final de la vigencia de cada convenio de colaboración singular se convirtió en un tira y afloja que en 2022 llegó incluso a poner sobre la mesa el cierre del veterano hospital privado de Burgos. El actual convenio puede prorrogarse por dos años más.