El letrado Luis Francisco Gracia Romero tomó posesión hoy ante la Mesa de las Cortes de Castilla y León, en Valladolid, como titular de la Autoridad Independiente en materia de corrupción de Castilla y León, tras ser propuesto por el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, y ratificado por el Pleno de este órgano autonómico de control externo. Hoy se publica su nombramiento por parte del Parlamento en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
El acto tuvo lugar en el Salón de Recepciones de las Cortes y fue presidido por el presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán. Han asistido el Pleno del Consejo de Cuentas, con Mario Amilivia al frente, así como también los titulares y consejeros del resto de las instituciones propias de la Comunidad, entre otras autoridades, además de miembros de los grupos parlamentarios.
La Autoridad, adscrita al Consejo de Cuentas, institución con sede en Palencia, se crea en el ámbito de la Ley de medidas tributarias, financieras y administrativas, que acompaña a los Presupuestos Generales de la Comunidad para este ejercicio, y que entró en vigor el 15 de mayo. Además, Luis Francisco Gracia, secretario del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales.
Con ello, según el Consejo de Cuentas, se da cumplimiento a los objetivos perseguidos por la Unión Europea (UE) y la normativa estatal, así como garantizar la protección al informante. Esta nueva figura no se crea a coste cero, ya que se vincula al Consejo de Cuentas de Castilla y León orgánica y presupuestariamente. Además, extenderá sus funciones en relación con el sector público autonómico y local de Castilla y León; el Procurador del Común; el Consejo Consultivo; el Consejo Económico y Social y el propio Consejo de Cuentas, así como con la actividad administrativa y de gestión patrimonial del Parlamento autonómico si, por acuerdo de la Cámara, así se solicita.
Esta Autoridad Independiente actuará como canal externo de comunicación al que se refiere la Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y lucha contra la corrupción (2023), respecto de las informaciones que afecten al sector público autonómico y local, a las instituciones propias de Castilla y León, y a las Cortes, en cuanto a su gestión administrativa y de gestión.
Además, le corresponderá, dentro de su ámbito de actuación, la potestad sancionadora respecto de las infracciones contempladas en la anterior ley; la adopción, en su caso de las medidas de apoyo a las personas que comuniquen o revelen infracciones, y el desarrollo de funciones de asesoramiento, formación y evaluación de la eficacia de los instrumentos jurídicos y las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción, en colaboración con los órganos de control existentes. También se le encomienda la realización de propuestas y recomendaciones con el fin de promover, en su ámbito de actuación, los máximos niveles de seguridad.
Por su parte, el presidente del Consejo de Cuentas informará anualmente a las Cortes de la actividad realizada. La exigencia de esta Autoridad resulta de la Directiva de la UE 2019/1937 que establece a los Estados miembros la obligación de disponer de autoridades competentes para los mencionados cometidos. Galicia, tras la aprobación de una ley en 2023, fue la primera Comunidad en crear una autoridad autonómica de este tipo, sumándose ahora la de Castilla y León.
Luis Gracia es funcionario del Cuerpo de Letrados de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con destino en el Consejo Consultivo de Castilla y León, desde el año 2007. Compagina sus tareas con las de letrado y las de secretario del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL) desde el año 2014 hasta la actualidad.
Este Tribunal, constituido en el ámbito de la Ley de medidas tributarias, administrativas y financieras de 2012, se adscribió al Consejo Consultivo, siendo presidente de esta institución Mario Amilivia. Ya entonces, a propuesta de este, Luis Gracia ayudó a poner en marcha el Tribunal autonómico de Recursos Contractuales en demanda de su mayor operatividad y eficiencia.
Además, ha impartido numerosos cursos para empleados públicos, esencialmente en materia de contratación del sector público y es ponente habitual, en jornadas, congresos y mesas redondas. También es representante habitual en las reuniones nacionales de coordinación de los tribunales de recursos. También, es coautor de diversas obras especializadas y artículos, así como de las memorias anuales de la institución en materia de contratación del sector público.