No es fácil desmantelar un poblado chabolista con más de 30 años de existencia. No solo hay que adquirir viviendas para que las familias que lo integran puedan vivir con dignidad sino también llevar a cabo un proceso de acompañamiento para que se adapten a una nueva vida. Fue en diciembre de diciembre de 2020 cuando se empezaron a dar los primeros pasos para su total erradicación gracias a un convenio entre la Junta y el Ayuntamiento de Burgos.
Se fijó el objetivo de culminar el proceso en cuatro años pero no ha sido posible y se alargará hasta bien avanzado el 2025. Luego habrá que limpiar toda la zona pero la prioridad es encontrar alojamiento a las familias que todavía viven en él. En la actualidad quedan 11 y la previsión es que en las «próximas semanas» salgan otras cuatro familias a alojamientos vinculados al Programa Dual de erradicación del chabolismo que están disponibles, según confirmó la concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros. Ello reducirá el número de familias a un total de siete.
Paralelamente, se están ultimando los pliegos que regirán el concurso para la compra de las últimas seis viviendas que se incorporarán al programa de realojo antes de fin de año, dado que se cuenta con una partida de 1,3 millones en el Presupuesto de 2024. «Se han remitido a la oposición para que los valoren y hagan aportaciones hasta el 19 de agosto aunque luego se llevarán para su aprobación a la Junta de Gobierno Local».
A las familias que han abandonado el poblado se les ha instado a que desmantelen parcialmente las instalaciones para que no entren nuevos inquilinos. En otras ocasiones ha sido el Ayuntamiento el que ha llevado a cabo las obras pero dado que cada vez quedan menos familias se esperará a que se quede vacío. «La prioridad es la salida de las familias. No se puede dar un plazo para la desaparición del poblado, dado que en ocasiones las viviendas que se compran necesitan obras», añadió Ballesteros.
Cabe recordar que en enero de 2020, el poblado contaba con 37 familias integradas por 130 personas que residían en las casas prefabricadas o en chabolas que se habían ido construyendo, que son las que han formado parte del proceso de realojo. De este modo, se encara la recta final para el realojo y quedan por adquirir las seis viviendas citadas. El principal problema que se ha encontrado el Ayuntamiento es adquirir los pisos con un coste tope de 95.000 euros. Además, se intenta que estén repartidos por diferentes zonas de la ciudad para no crear nuevos guetos.
La adaptación de las familias en pisos no es fácil pero con el trabajo de los técnicos municipales y de la Fundación Lesmes se está consiguiendo que se vayan adaptando. Tampoco ha estado exento de obstáculos. Una familia ajena al programa okupó una de las viviendas y el equipo de Gobierno decidió paralizar el proceso de realojo hasta que se marchara.
Finalmente, el Ayuntamiento acometerá el derribo de las casas prefabricadas y las chabolas y procederá a una limpieza de la basura acumulada en la zona.