¿Castilla y León recibe del modelo de financiación más dinero del que aporta? Sí. ¿Castilla y León está por encima de la media en fondos por habitante ajustado? Sí. ¿El coste de prestar los servicios públicos no es igual en una comunidad con la población concentrada que en una con un alto grado de dispersión? También. Esta es la «singularidad» que Castilla y León defiende que tiene que entrar de lleno en la futura reforma del modelo de financiación autonómica. Un sistema que lleva diez años caducado y en el que ahora, muchos informes y pocos avances después, ha emergido un término que amenaza con quebrar el principio de igualdad que soporta el modelo: «singularidad». Este es el paraguas lingüístico utilizado por el Gobierno central para dibujar una financiación «singular» a Cataluña en el marco de los pactos suscritos con ERC y Junts para la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023.
Intención contra la que se han revuelto todas las comunidades independientemente de su signo político, y ante la que todas, incluida Castilla y León, han reivindicado que sus propias singularidades también sean atendidas en una hipotética futura reforma. Una «singularidad», la de Castilla y León, que, por el contrario, parece invisible ante la realidad que evidencian los datos y que recuerdan cada vez que tienen un micrófono cerca el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo. A pesar de que el Ejecutivo autonómico se niega a dar una cifra que satisfaga las necesidades financieras en un hipotético nuevo modelo, el Consejo de Cuentas cifró el desfase entre lo recibido del sistema de financiación y lo necesario para el coste real de los servicios en casi 400 millones anuales en la Comunidad. La mitad de los 900 que calcula la Xunta de Galicia que requiere a mayores para hacer frente a su «singularidad», muy parecida a la de Castilla y León.
Pero la «singularidad» de Castilla y León tiene nombre y apellidos: dispersión territorial y envejecimiento. Los datos que acompañan esta información ponen de manifiesto cómo los 90.000 kilómetros cuadrados de terreno que tiene la Comunidad obligan a multiplicar los recursos para prestar atención sanitaria en todos los rincones. Esto se traduce en que mientras Castilla y León tiene 1.663 centros de salud y consultorios por millón de habitantes –la tasa más alta de España–, Cataluña, solo necesita 154 por la mayor concentración de población. Mismo razonamiento para el número de profesionales. Cuantos más centros de salud dispersos hay que atender, más profesionales. Concretamente, Castilla y León tiene 4,2 sanitarios por cada 1.000 habitantes, frente a los 3,6 de Cataluña.
Una regla del tres que también vale para la segunda pata de los servicios públicos: la educación. La Comunidad tiene casi 500 colegios públicos por cada 100.000 alumnos –la segunda más alta–, frente a los 355 de Cataluña. De hecho, más de la mitad de los centros públicos autonómicos están, según el Ministerio de Educación, en zonas escasamente pobladas. Esto se traduce en que el 47% de los colegios e institutos públicos de Castilla y León necesitan transporte escolar, por el 9% en Cataluña. En el tercer pilar, la dependencia, también se deja notar la «singularidad» autonómica, reflejada en esta ocasión por el elevado grado de envejecimiento. La Comunidad tiene 18 personas potencialmente dependientes por cada 1.000, frente a las 13,8 de Cataluña o las 13,6 de la media estatal.
Más allá de los tres ejes de gasto público, las particularidades de Castilla y León también son notorias. Tiene cuatro veces más hectáreas de superficie arbolada por cada 1.000 habitantes que España y diez más que Cataluña. En kilómetros de carretera de titularidad autonómica lo mismo: Cataluña gestiona 77,3 kilómetros por cada 100.000 habitantes y Castilla y León casi 500.
Modelo actual
No se puede negar que el actual modelo, que data del año 2009 y está caducado desde 2014, otorga a la Comunidad 3.150 euros por habitante ajustado, casi 200 más que la media de las autonomías. O que recibe más dinero del Estado vía financiación autonómica del que aporta a la hucha común vía impuestos. No obstante, tal y como se recogía en las 168 páginas del informe de expertos del año 2017, es necesario un sistema que atienda el coste real de los servicios que prestan las comunidades. La última propuesta del Ministerio de Hacienda en 2021 rebajaba el peso ponderado de la población ajustada –principal lastre en el cálculo para Castilla y León–, subía el sanitario y educativo, pero la despoblación, incluida como variable correctiva, apenas suponía un 1% del cálculo final.