El próximo mes de abril se cumplirán siete años desde que el Ayuntamiento de Burgos ordenó evacuar el edificio municipal ubicado en el número 2 de la plaza del Rey San Fernando por riesgo inminente de ruina. Un inmueble ubicado en un emplazamiento privilegiado, al que se le adjudicó en varias ocasiones un futuro prometedor, pero que lleva sumido en un profundo abandono que solo disimula el lavado de cara exterior que se le dio hace ya más de una década. El actual Gobierno de coalición del PP y Vox parece dispuesto a aprovecharlo y prueba de ello es que ha reservado una pequeña partida en el Presupuesto de 2024 para su reforma.

Lo que ha hecho ya el Ejecutivo municipal es eliminar este edificio del catálogo de bienes municipales susceptibles de ser vendidos. El anterior Gobierno socialista sí lo incluyó en ese listado en los últimos ejercicios presupuestarios, donde se podía apreciar que el inmueble estaba tasado en 3,6 millones de euros.

La idea del bipartito es que el edificio pueda albergar algunos servicios municipales. Pero antes de decidir cómo se mueven las fichas, lo primero que es necesario saber es que técnicamente sea viable que el inmueble pueda servir para dar atención al administrado. Y al parecer hay algunas dudas en relación a que el edificio pueda reunir todas las condiciones en materia de accesibilidad.

De momento, la partida reservada en el Presupuesto apenas alcanza los 330.000 euros, pero es que además ese dinero está previsto que se comparta con las necesidades del bar de Fuentes Blancas y otros inmuebles. Es decir, todo apunta a que apenas daría para redactar un proyecto de reforma o para intervenciones mínimas.

Lo que sabe el Ejecutivo liderado por Cristina Ayala, al igual que las anteriores corporaciones, es que el Ayuntamiento necesita, como el comer, ampliar las dependencias municipales. Hay verdaderos problemas de espacio y urge encontrar una solución.

Ya el exalcalde, Javier Lacalle, trató de hacerse con el edificio anexo a la Casa del Cordón, pero las diferencias políticas entre el PP y el PSOE frustraron la operación y CaixaBank terminó vendiendo el inmueble a la Fundación Caja de Burgos. Una oportunidad de la que aquel Ejecutivo se sigue aún lamentando.

En el mandato de Daniel de la Rosa, el PSOE quiso comprar el inmueble ubicado en el número 30 del paseo del Espolón. Una operación que se paralizó después de conocer que el Gobierno socialista estaba dispuesto a pagar 4 millones de euros por un edificio que la anterior propietaria había ofrecido dos años antes y tras el silencio municipal enajenó a una promotora por 1,5 millones. La oposición lo tildó de escandaloso y ahí se acabaron los planes de ampliar las dependencias del Ayuntamiento.

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