Probablemente sea una de las decisiones más difíciles a las que se enfrentan un padre o una madre con respecto a sus hijos. Cuando la convivencia se ha vuelto imposible en la casa por el comportamiento del chaval como consecuencia de sus continuos quebrantamientos de las normas de la familia y de sus agresiones verbales y hasta físicas a sus progenitores, en algunos casos los adultos deciden acudir a la Fiscalía de Menores o a la comisaría de Policía a poner una denuncia por estos hechos de violencia intrafamiliar, que es como se denomina. Según la experiencia de Nuria de Prado, una de las fiscales del área, cuando se toma esta decisión los hechos no han ocurrido por primera vez sino que son ya muchas las ocasiones en las que los menores han insultado e incluso atacado físicamente a sus padres tensando enormemente la dinámica familiar. Se trata de situaciones complejas y muy duras para quienes las tienen que vivir pero, señala la experta, las cifras no son alarmantes. En 2023 se incoaron por esta causa algo más de 35 expedientes -los datos aún no están cerrados del todo- que suponen alrededor de un 16% de los más de 200 que se abrieron a lo largo del año a menores de edad por diferentes causas.

Esta cifra es muy similar a la que se ha venido registrando en la última década salvo en el año de la pandemia que alcanzó los 52, probablemente por la intensa convivencia a la que obligó el confinamiento. Así, se contabilizaron 41 casos en el 2015 y el 2016, 31 en el 17, 29 en el 18, 42 en el 19 o 44 en el año 2021. «Porcentualmente no es el grueso de los delitos que más comenten los menores y que vemos en esta Fiscalía pero se trata, sin duda, de asuntos socialmente más duros de instruir y la experiencia nos dice que es muy difícil que un padre denuncie el primer hecho; puede que en Comisaría sí, porque quizás haya acudido la policía a la casa, pero cuando al día siguiente les llamamos para ratificar la denuncia, si es la primera vez, casi nadie lo hace y se acoge a su derecho a no declarar por ser familiares», explica De Prado, quien afirma que, en muchas ocasiones, aunque no quieran denunciar se les ofrece la posibilidad de hablar con los profesionales del equipo técnico de la Fiscalía (trabajadores y educadores sociales, psicólogos) quienes les orientan sobre posibles soluciones extrajudiciales al comportamiento de los adolescentes. 

«De hecho, cuando llegan a la Fiscalía es porque esta vía ya se les ha agotado, porque lo que están viviendo es ya intolerable y llevan meses e incluso años recibiendo violencia verbal y física. Si tardan tanto en hacerlo es porque temen las consecuencias que va a tener para sus hijos», comenta Nuria de Prado, que matiza que la violencia física no es extrema sino que se trata de agresiones leves como empujones o alguna patada «pero no de palizas como podemos ver en violencia de género».

Entre los recursos que se recomienda a las familias con chavales conflictivos se encuentra Proyecto Joven, el departamento de Proyecto Hombre que trabaja contra los primeros escarceos con las drogas en menores y eso es porque el consumo de hachís está detrás de la mayor parte de los casos de agresiones a los padres. Los porros -cuyo consumo suelen banalizar, de la misma manera que hacen con el alcohol- y/o la existencia de trastornos del comportamiento o problemas de salud mental son los elementos que casi siempre subyacen cuando se convierten en agresiones los habituales tira y afloja entre padres e hijos (horario de llegada a casa, uso de los dispositivos móviles, responsabilidades domésticas...) en el momento en el que estos últimos llegan a la pubertad.

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