En menos de 24 horas, Miguel Martínez de Lecea sumó a 140 personas a través de las redes sociales para canalizar las quejas relacionadas con la clausura de 592 panteones de los más de 800 que existen en el cementerio antiguo de Miranda. «El grupo a través de Facebook lo cree para que ver si había gente que pensaba como yo y he visto que no se está conforme con este atropello», afirma este afectado, quien considera que la prohibición de enterrar «es de dudosa legalidad». Por eso, anuncia que consultará legalmente y si confirman sus sospechas acudirá a los tribunales. En caso de que se le diga que el Ayuntamiento obró bien, «trataremos de hablar para negociar una moratoria mientras se hacen las obras, al margen de trasladarles el malestar que existe», afirma. 

Martínez de Lecea remarca que «es complicado ponerse de acuerdo en una comunidad de vecinos», por lo que indica que para avanzar dará los primeros pasos, «ya que tenemos que actuar rápido». Una vez sepa si hay que ir a los tribunales «consultaré con la gente que esté afectada como yo, para ver lo que tenemos que poner», puntualiza sobre el camino a seguir.

Por el momento, considera que la ciudadanía debe conocer la evaluación de riesgos laborales en base a la cual se adoptó esta prohibición, «porque creo que es algo que debe ser público», opina, al tiempo que critica que las obras que obligan hacer a los dueños pueden dañar los panteones y perderse un patrimonio de la ciudad. En su caso no se ha planteado acometer reformas, pero también apunta que al ser una gran cantidad de afectados  «habrá que ver si hay empresas suficientes, porque igual alguno que quiera hacer algo tiene que esperar y eso no se ha tenido en cuenta». 

El promotor recuerda que «en 1997 el Ayuntamiento dicta las primeras normas del cementerio y ese año se aprueba el decreto de prevención de riesgos laborales». Ante esta situación, Martínez de Lecea reflexiona sobre «las 27 evaluaciones de riesgos laborales que se han hecho en el Ayuntamiento en este tiempo», y cuestiona el motivo por el que se toma ahora la medida. En su caso, la notificación oficial del cierre «me llegó dos meses después», afea este afectado, quien lamenta que hay casos en los que ese aviso todavía no ha llegado. Además, menciona casos trágicos en los que se ha querido enterrar sin ser conocedores de que la prohibición les afectaba.

El Ayuntamiento tomó la medida el 15 de mayo para cumplir con las condiciones laborales de los enterradores. Los responsables municipales, con el concejal Guillermo Ubieto a la cabeza, han explicado que no tenían más remedio de tomar esta decisión, porque se arriesgaban a una Inspección de Trabajo que eran conscientes de que no pasarían, ya que por las condiciones de estos panteones el enterrador debía introducirse en el agujero para depositar el féretro.