El próximo mes de mayo se cumplen dos años de la primera sentencia en España de un delito de coacciones con el agravante de odio antigitano. Sucedió en Burgos. Tres mujeres fueron condenadas a tres meses de cárcel por el continuo hostigamiento y acoso personal y a través de las redes sociales al que sometieron a una familia con cuatro criaturas, que tuvo que abandonar su vivienda a causa de la presión recibida durante los meses del confinamiento por la pandemia. La madre, que forma parte del programa Calí de la Fundación Secretariado Gitano, puso esta situación en conocimiento de la entidad que, a su vez, pidió la colaboración de la Unidad de Gestión de la Diversidad y Viogén de la Policía Local, quien constató que las críticas sobre ruidos y otras circunstancias no se ajustaban a la realidad y que podría haber un componente de odio por la etnia de la familia. Así lo reconoció el juzgado de lo penal número 2 en 2022. Hace unas semanas, Jorge Serrano, oficial responsable de esta unidad, acudió con la Fundación Secretariado Gitano a Bruselas donde presentó con éxito ante responsables comunitarios el proyecto de este grupo policial, que lleva trabajando en la ciudad cuatro años en la prevención de cualquier tipo de discriminación y en la defensa de los colectivos más vulnerables, todo ello con el enfoque del respeto a los derechos humanos y la perspectiva de la policía de proximidad.
Se trata del único equipo de estas características que existe en Castilla y León y está compuesto por cinco policías (tres mujeres y dos hombres) y un oficial que tienen formación específica en las materias de las que tratan. La Plataforma por la Gestión Policial de la Diversidad - un espacio de encuentro de las jefaturas de las policías locales de todo el país y otras entidades- organiza desde 2010 seminarios y talleres y es ahí donde los policías burgaleses comenzaron a participar en 2015. La guía de esta plataforma es el documento de trabajo del que parten todas sus acciones y el objetivo, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y proteger el ejercicio de sus derechos y libertades «teniendo en cuenta que las conductas que atentan contra la igualdad, como los delitos de odio y discriminación ponen en serio peligro la normal convivencia», según señala Serrano.
Las intervenciones que realizan tienen que ver con mujeres víctimas de violencia de género, conflictos familiares, personas en situaciones de riesgo (por exclusión social, enfermedad mental u otras causas), personas sin hogar, menores en abandono, absentismo escolar, personas mayores en dificultades, mujeres en contextos de prostitución y víctimas de hechos discriminatorios o delitos de odio por su orientación sexual u origen, como la familia gitana de la que se hablaba al principio.
Ganar la confianza. Los otros puntos clave de su labor son la relación con el entorno y el acercamiento de los servicios policiales a los sectores sociales que más discriminación pueden sufrir (minorías étnico-culturales, sexuales, religiosas y funcionales) para que confíen a la hora de acudir a los agentes a denunciar si han sufrido alguna agresión por su condición: «Mucha gente aún no nos ve accesibles a los policías. Queremos que esta visión cambie y que se acerquen a denunciar si creen que han sido víctimas de alguna discriminación o delito de odio», afirma el oficial Jorge Serrano. En cuanto al primer aspecto, el del establecimiento de alianzas, se hace no solo con las instituciones (juzgados, Fiscalía, Subdelegación del Gobierno, servicios sociales, sanidad, educación...) sino con el tejido asociativo. La Unidad de la Gestión de la Diversidad y Viogén forma parte de la Comisión Sociosanitaria, de la Comisión de Absentismo Escolar, de la Comisión de Violencia de Género, de la Coordinadora Proinmigración y del grupo de prevención del suicidio Apresuic.
En estos cuatro años de labor policial comunitaria -la unidad arrancó en octubre de 2019 con dos profesionales- las y los policías han protegido a más de dos mil personas víctimas o inmersas en conflictos familiares y de carácter sociosanitario enfrentándose, de esta manera, a la parte de la sociedad más invisible: menores en riesgo de desamparo o que no acuden al colegio, ancianos en soledad, personas con problemas de salud, sociales y emocionales, adolescentes víctimas de acoso escolar, minorías a las que por su condición han insultado o amenazado o mujeres prostituidas. «Hacemos todo lo que está en nuestra mano para que su situación mejore», resume Serrano. También han emprendido una singular lucha contra las pintadas o grafitis que fomentan el odio, haciendo que se borren en todo este tiempo un total de 73.
El grueso de su labor consiste en la protección de mujeres víctimas de violencia de género. En 2021 se firmó un convenio con el Ministerio del Interior por el que esta unidad protege a las mujeres que en el Sistema Viogén su riesgo de sufrir una agresión está calificado como 'bajo o no apreciado' y, excepcionalmente, a las que tienen un riesgo medio. «Pero que no confunda el lenguaje, una mujer con riesgo no apreciado de sufrir una agresión puede que tenga esta calificación porque su agresor está en la cárcel y hay otras que vienen de tener un riesgo alto o extremo. Todas tienen nuestro teléfono al que pueden llamar las 24 horas del día y los 365 días al año», explican Elena Sainz y Julio César Fernández, dos de los miembros del equipo, que añaden que un rasgo común es el miedo que sienten por si sus criaturas pueden ser víctimas de violencia vicaria. «Muchas veces, los agresores las chantajean con los niños, eso lo vemos mucho», afirman.
La unidad tiene, por tanto, una visión muy completa de la sociología de la ciudad, de la que afirman que no es especialmente conflictiva. Jorge Serrano afirma que los mayores problemas de discriminación serían con las minorías de carácter étnico y de orientación sexual: «Hemos registrado casos de antigitanismo, racismo y LGTBIfobia y algún otro de bullying a menores con alguna discapacidad».
El correo electrónico de la unidad es pldiversidad@aytoburgos.es