Siguen las ocurrencias en el tema de la vivienda. Todas ellas de gran calado intelectual, como el lector comprobará. Todas provistas de grandes dosis de inspiración social (ista), pero todas ellas lanzadas desde la confortable posición de quien ostenta el poder. Y con el barniz y el aroma a fracaso de quienes en pocos años de gobierno han entorpecido el acceso a una vivienda de millones de personas con tan sólo aprobar una legislación ideologizada al máximo pero inútil en su propósito de bajar los precios. Muy al contrario, los precios han subido desde que la izquierda radical promovió la actual norma, cuyo mayor éxito es haber hecho huir despavoridos a miles de propietarios de casas privados de sus elementales derechos. Y eso para un mercado inmobiliario como el español es una tragedia que nos deja el páramo yermo de los jóvenes buscando infructuosamente dónde vivir porque no pueden pagar los elevadísimos precios provocados desde la administración.
Cuando se advirtió el efecto perverso de aquello, todos los que elevaban su voz eran antipatriotas, el descalificativo más a mano. Pero era de cajón que legislar contra los dueños de las casas castigándoles por alquilar su propiedad iba a provocar un rapidísimo descenso de los pisos en alquiler, y el consiguiente cohete de precios disparado hacia el firmamento. De nada sirvió advertirlo. La ideología podía más que la lógica del mercado, y era más tentador amagar con una regulación de precios que es imposible de aplicar en una economía de mercado como, a su pesar, tenemos en España todavía. Y ahora se busca otro culpable: el turista (y por supuesto de nuevo el dueño de la casa) que alquila temporalmente para dejarse las divisas de los Pirineos para abajo. Una vez destrocen ese sector a base de la operación de desprestigio que lleva ya un par de años en marcha, veremos cual es la siguiente ocurrencia, aunque alguna de ellas enseña ya la patita. Esta semana la vicepresidenta de Sumar ha dicho que se debe prohibir comprar una casa si no se va a residir en ella. Le ha faltado decir en qué lugar de la casa nos instalarán las cámaras para comprobar si dormimos cada noche en la habitación de matrimonio, o qué estatura de armario tendrán los policías con porra en la mano que vigilarán el cumplimiento de esta inenarrable medida publicitada por una dirigente a la que se le supone una cierta prudencia a la hora de hacer declaraciones. Cuesta creer que ni en los peores paraísos comunistas semejante atentado esté realmente en vigor.
La ministra del ramo no le ha ido a la zaga a la vice. Ha pedido que los dueños de viviendas para alquilar sean solidarios con todos los que sufren, y que bajen los precios. Por compromiso social (ista). Al menos así la decisión de la buenaventura la tomará el ciudadano sin esperar a que otros la tomen por él a la fuerza.