El gran vacío urbano que dejó el derribo del Hospital General Yagüe, en el tramo de final de la avenida del Cid, sigue sin llenarse. No hay interés en hacerse con el solar de más de 20.000 metros cuadrados y acometer su desarrollo, al menos hasta ahora. La Tesorería General de la Seguridad Social, su propietaria, lleva intentando deshacerse de este patrimonio desde 2022 y las tres subastas convocadas hasta ahora han quedado desiertas a pesar de que en la última se redujo un 15% el precio de salida respecto a las anteriores.
Pero el ente público no tira la toalla y anuncia una cuarta subasta para mayo, en la que también se reducirá el tipo de licitación en otro 15%, de modo que se ha fijado en 3.387.080 euros, casi 600.000 euros menos que en noviembre de 2023, según informaron fuentes de la Subdelegación delGobierno. Ante la nula salida de los terrenos, la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social solicitó una nueva reducción a la Dirección General a principios de este año, que acaba de ser autorizada. La nueva normativa sobre patrimonio de este organismo, que entró en vigor en enero de 2023 permite reducir el precio de las subastas que han quedado desiertas como es este caso sin necesidad de hacer una nueva tasación, de modo que ahora se pone en marcha toda la maquinaria para celebrar un nuevo proceso de enajenación.
La primera licitación se convocó el 24 de mayo de 2022 por un importe de 4.688.000 euros; la segunda el 28 de febrero de 2023 con el mismo precio; y la tercera el 14 de noviembre de 2023 por 3.984.000 euros. Las esperanzas de poder vender ahora el suelo son mayores aunque no hay que olvidar que al precio de salida habría que sumar el coste de la recogida y tratamiento de los escombros, la descontaminación del terreno y la urbanización. La parcela no solo tiene aprovechamiento urbanístico sino también dotacional. Todo ello tendría una importante repercusión en precio final de las viviendas libre, dado que las de protección oficial están tasadas.
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) permite la construcción de 103 viviendas (un 30% protección) en cuatro torres de nueve alturas en la zona más próxima a la calle Federico Martínez Varea, un parque de 3.250 metros cuadrados en la zona más pegada a la avenida del Cid y un suelo de 9.000 metros cuadrados para una dotación que se cedería al Ayuntamiento. La actuación urbanística se completaría con 150 plazas de aparcamiento y un nuevo vial para conectar las calles Padre Aramburu y León XIII desde José María de la Puente.
Este desarrollo permitiría coser una zona con muy buena comunicación a las grandes avenidas de la ciudad y a veinte minutos andando del centro de la ciudad, que desde el año 2012 empezó a decaer con el traslado de la atención hospitalaria al HUBU como así lo constatan los establecimientos comerciales y de hostelería que todavía quedan en la zona. Tras finalizar en 2016 las labores de derribo y la descontaminación del terreno el perímetro conservó su vallado y también el arbolado.
Tener solar vacío genera importantes gastos anuales al organismo público derivados del pago del impuesto de bienes inmuebles (IBI), unos 25.000 euros, y de la poda de los árboles que hay en el interior del recinto (10.000 euros).
Tanto los promotores como los arquitectos han puesto en duda la rentabilidad del solar por las viviendas de protección, la baja densidad de la libres y el coste de la urbanización, lo que dispara el coste de la construcción. Sin embargo, la nueva rebaja quizás anime al sector privado o tal vez al público.
otras propiedades. La Seguridad Social también quiere deshacerse del solar de la calle León XIII y convocará una cuarta subasta en mayo con rebaja incluida. El precio de salida será de 1.430.550 euros. En este terreno se puede levantar 33 viviendas con sus correspondientes garajes. Ya para el mes de junio está prevista la subasta del centro de especialidades. Sería la cuarta. La primera y la segunda fijaron el precio en 3.960.410 euros. En la tercera la tasación subió a 4.088.830 euros y ahora en la cuarta se rebaja el 15%, 3.475.506 euros. El hándicap es que el edificio tiene usos sociosanitarios.