Diario de Burgos

Urnas y vacaciones

Maricruz Sánchez (SPC)
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El voto por correo se presenta en la cita con las urnas del 23-J como una figura clave para contrarrestar el temido 'efecto abstención' propio de una convocatoria en pleno verano

Urnas y vacaciones - Foto: Jesus Hellin 2022

Con el anticipo de las generales al 23 de julio, en pleno verano, el papel del voto por correo será crucial para conjugar los dos grandes elementos que hay en juego: la cita con las urnas y las vacaciones. Opción utilizada cada vez por más personas en los anteriores comicios, esta vía cobra además más fuerza en estas elecciones, tras el presunto fraude de compra de papeletas ocurrido en Melilla el pasado 28-M.

Los casos de supuesto fraude en la Ciudad Autónoma reabrieron el debate sobre la necesidad de exigir esta identificación personal a todos los electores que acudan a una oficina de Correos para pedir y también entregar su voto por correo el 23-J. No solo porque se prevé un alza de las solicitudes debido a que muchos ciudadanos estarán fuera de casa, sino por la necesidad de que no vuelvan a repetirse episodios que empañen la nueva campaña electoral que empieza la noche del 7 de julio.

Sin embargo, reforzar este procedimiento con el nuevo requerimiento de mostrar el DNI cuando se envía la papeleta y no solo cuando se pide como ocurría hasta ahora supone, de facto, reformar la Ley del Régimen Electoral General (LOREG) y, con las Cortes Generales disueltas, esta opción era imposible.

Ante esta situación, la Junta Electoral Central (JEC) tomó la palabra y aprobó esta semana, de oficio, una instrucción al respecto, pese a que el propio organismo había recalcado ya en alguna de sus resoluciones que su función no era la de legislar. Así, dictaminó que todos los electores que voten por correo se identifiquen con el DNI o con un documento análogo en el momento de enviar la papeleta y depositar el voto. 

El órgano de arbitraje también decidió que tener vacaciones contratadas antes del 29 de mayo servirá a los ciudadanos para librarse de una mesa electoral. Según una nota difundida por la entidad de arbitraje, si la jornada electoral coincide con «un desplazamiento o estancia de carácter vacacional que haya sido contratado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones, cuya cancelación ocasione un perjuicio económico o un trastorno grave al solicitante, puede ser considerado como excusa por las Juntas Electorales de Zona, siempre que se asegure la integración plena de las mesas y que se acredite documentalmente la debida antelación del contrato, así como el perjuicio económico o trastorno graves alegados».

En cuanto al voto por correo, tras la polémica suscitada con el presunto fraude en Melilla, la JEC aprobó esta resolución de cara al 23-J y señaló que si no se pudiera acudir personalmente a entregar la documentación, se deberá otorgar una autorización para que lo haga otra persona, que deberá estar firmada por el elector y acompañarse de fotocopia de su DNI o documento análogo.

La JEC no puede modificar la LOREG y son las Cortes o el Gobierno el que debe hacerlo. No obstante, como máxima autoridad electoral encargada de garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral puede hacer declaraciones institucionales, cursar instrucciones de obligado cumplimiento a las Juntas Electorales Provinciales o ejercer potestad disciplinaria.

El papel de las cortes

Cualquier reforma de la LOREG supone un trámite parlamentario difícil. Y es que, aunque esta normativa ha sido modificada más de 20 veces, cualquier cambio, por pequeño que sea, necesita el máximo consenso ya que se trata de una Ley Orgánica que requiere mayoría absoluta, y en muchos casos los partidos aprovechan para introducir reclamaciones que nada tienen que ver con el asunto principal.

Lo cierto es que el adelanto electoral ha dejado en el aire una posible reforma, ya que al disolverse las Cortes también ha decaído la subcomisión que se había encargado de retocar la ley y que empezó por suprimir el voto rogado.

Algunos partidos creen que podría haber dado tiempo a tramitar una modificación antes de diciembre, fecha en la que estaban previstos inicialmente las generales, aunque el entendimiento en período electoral hubiera sido muy difícil.

No obstante, sobre la mesa no estaban reformas de calado, sino cambios muy puntuales, como los plazos, por ejemplo, en la presentación de candidaturas.