Las traseras de la avenida Camino Casa La Vega y la calle Manuel Atolaguirre ofrecen una imagen tercermundista sin que por el momento haya solución a la vista. El deterioro del entorno avanza a pasos agigantados al seguir enquistado el complejo desarrollo urbanístico de la denominada unidad de actuación 47.01, tras aprobarse el proyecto en enero de 2018, aunque la junta de compensación ya llevaba más de una década dándole vueltas. Su desarrollo incluye el derribo de las antiguas naves de Textiles Marín, cada vez más degradadas y con enormes agujeros en el tejado de amianto.
Los vecinos de los portales 29, 31 y 33 de Camino Casa la Vega están desesperados y ya no saben qué hacer ni a qué puerta llamar. Durante el mandato anterior, se intentó mediar con los dueños de los terrenos desde el área de Urbanismo, pero no se consiguieron aunar posturas. «Hemos intentado avanzar por todos los medios, pero no hay forma. Las partes no se ponen de acuerdo y es muy difícil. El entorno cada vez está en peor estado y nos preocupan mucho las antiguas naves de Textiles Marín», lamenta María Eugenia Calvo.
La complejidad reside en que se trata de una propiedad horizontal (126 fincas registrales de las cuales 120 corresponden a los propietarios de las actuales viviendas y el resto a los propietarios de los locales). La propiedad de la zona de las naves era de Fincas y Alquileres Siglo XXI S.L. (ahora en manos de un fondo buitre), al que corresponde una cuota valor de 28,73% de la división horizontal y debe financiar el grueso de la demolición y la posterior cesión de espacios para viales, una vez realizada la urbanización, pero también deben colaborar los pequeños propietarios.
De este modo, hay que llegar a un acuerdo para repartir de manera justa los derechos y obligaciones, pero ahí reside la complicación. Los 120 dueños de las casas actuales lograrían un pequeño aprovechamiento en el bloque de nueva construcción (un centenar de viviendas en seis plantas) pero a su vez deben participar en los deberes, mientras que los propietarios de las naves pierden la edificación, pero logran mayor aprovechamiento. La actuación se completaría con aparcamientos y zonas verdes.
Los dueños de los bloques no sabían de la titularidad horizontal cuando adquirieron las casas como consecuencia de ser suelos de protección oficial. Su mayor preocupación reside en las naves, que tocan parte de sus casas. El tejado se está agujereando y la uralita se está partiendo, lo que puede ser contaminante. «Al estar partiendo la uralita, la fibra del amianto está en el aire», indicó María Eugenia Calvo, una de las vecinas.
A ello se añade que la zona aledaña se usa como vertedero y la hierba campa a sus anchas y también las ratas. En algunas ocasiones la maleza la ha segado el Ayuntamiento y recogido la basura, pero a los pocos días vuelven a encontrarse enseres de todo tipo, lo que supone un peligro en el caso de incendio. Además, la zona es muy transitada debido a que en las cercanías hay dos centros educativos. «Tenemos miedo de que ocurra un incendio. Es lamentable que entre los dueños del suelo y de la nave no se ponen de acuerdo. La imagen que se da es lamentable», insistió.
En su opinión, la única salida es que el Ayuntamiento expropie el terreno para buscar una salida, ahora que derribará las naves de enfrente para ampliar el aparcamiento disuasorio de Las Torres.
Los vecinos además soportan una enorme deuda (400.000 euros) de los impagos de la comunidad y derramas por parte de los propietarios de las antiguas naves, además de residir en un entorno totalmente degradado.