Este año se ha batido un récord de burgaleses que se benefician de las ayudas gubernamentales para pagar la factura de la luz. El Ministerio para la Transición Ecológica concedió el bono social eléctrico a cerca de 14.000 ciudadanos de esta provincia -en concreto 13.742-, que ahora están en vilo al acercarse la fecha en que dejará de estar en vigor esta medida. El Ejecutivo central prorrogó en diciembre pasado hasta el 30 de junio de 2024 estas reducciones del recibo. Pedro Sánchez anunció hace unos días que sí prorrogará el IVA reducido para los alimentos básicos, pero no se pronunció acerca del futuro del bono social, por lo que por el momento hay que pensar que se terminará, aunque no ha comunicado una decisión explícita.
El Gobierno aprobó el pasado diciembre una prórroga de las reducciones que estableció el Real Decreto-ley 18/2022 de 18 de octubre para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y el consecuente incremento de los precios de la energía. El Ejecutivo amplió hasta el 30 de junio de 2024 los descuentos para todos los consumidores vulnerables, que ahora no saben qué va a pasar.
La cifra de burgaleses que se benefician este año de tal medida se sitúa en estos momentos en su máximo histórico. Por poner en contexto, en 2019 el Ministerio para la Transición Ecológica contabilizó 12.054 beneficiarios, un número que cayó al curso siguiente hasta los 10.417. Sin embargo la recuperación pospandemia y el inicio del repunte del precio de la energía disparó los usuarios tanto en 2021 (11.185) como especialmente en 2022 (12.216).
Burgos no se quedó este año al margen de este ascenso de las peticiones aprobadas de bono social eléctrico, ya que todas las provincias de Castilla y León se encuentran en máximos históricos. Valladolid y Salamanca, con 21.549 y 21.343 beneficiarios, son los territorios con mayor demanda de estas ayudas, mientras que Soria y Segovia, con apenas 3.392 y 5.54, son donde menor incidencia hay -también registran censos más bajos-.
Pero, ¿en qué consiste ese apoyo que brinda el Ministerio para la Transición Ecológica a los ciudadanos? Lo primero es cotejar quiénes entran dentro de los potenciales beneficiarios: los consumidores titulares del punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que, siendo personas físicas, estén acogidos al PVPC. Han podido acceder al bono social de justicia energética si la renta del titular del punto de suministro -o en caso de formar parte de una unidad de convivencia- la renta conjunta anual de la unidad de convivencia del citado domicilio a la que pertenezca, sea igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros). Se ignora qué va a suceder a partir del próximo 30 de junio
Al margen de no pronunciarse por el descuento adicional del bono eléctrico, Sánchez tampoco dijo nada de la ayuda para hogares empobrecidos o incluso la prohibición de cortar los suministros de gas y electricidad a hogares vulnerables que pervive desde la Covid.
Como el IVA reducido para los alimentos básicos, estas ayudas han ido figurando en los sucesivos decretos con medidas para contrarrestar la inflación y otras consecuencias de la guerra en Ucrania. El último, de diciembre del año pasado y con una tasa de inflación que empezaban a contenerse, ya iniciaba una senda hacia el final de unas ayudas que, en algunos casos como el de los alimentos o en materia energética, eran universales, para toda la población y sin discriminar por renta o circunstancias desfavorables.