Las dos empresas que participaron en la subasta del contrato eléctrico licitado hace dos años por la Diputación, Iberdrola y Endesa, tras dos ejercicios proporcionando el suministro a 299 ayuntamientos, entre los que se encuentra Aranda de Duero, y a todos las inmuebles de la institución provincial, han renunciado a la prórroga por otros dos años que se contemplaba en el mismo por una cuestión económica, asegura Ramiro Ibáñez, diputado provincial responsable del Servicio de Asesoramiento Jurídico y Urbanístico a Municipios (Sajuma).

Ibáñez manifiesta que la compañía Iberdrola había solicitado un incremento del 20% en el precio del contrato, «porcentaje que no permite la Ley», matiza el diputado, a la vez que manifiesta que esta compañía presentó la renuncia a continuar con el suministro, «lo que ha llevado a la institución provincial a activar una prórroga obligatoria de nueve meses para que esta empresa siga prestando el servicio a todos los municipios y a la Diputación hasta que se adjudique un nuevo contrato», asegura Ibáñez, quien no descarta que este asunto acabe en los tribunales de Justicia.

Una vez denunciado el contrato en vigor, desde el Sajuma ha comenzado a preparar los pliegos para iniciar un nuevo proceso de contratación del que a día de hoy es el contrato con un mayor montante económico de todos los que gestiona la institución provincial, entre otras cosas porque en el mismo participan cerca de trescientos municipios con más de 3.300 puntos de suministro en total, matiza Ibáñez, quien recuerda que Iberdrola y Endesa fueron las únicas empresas acreditadas en su día para participar en la subasta que organizó la Diputación para adjudicar el contrato para dos años, a razón de diez millones anuales.

«Ahora, cuando se cumplen dos años del contrato, tocaba que estas dos empresas acreditadas participaran de nuevo en una subasta, pero en lugar de hacerlo han decido que no», asegura el responsable del Sajuma, quien insiste en que además Iberdrola, que es la que estaba prestando el servicio desde el principio, solicitaba una subida del precio, «más de un 20%, que no lo permite la Ley y no nos ha quedado más remedio que obligar a esta compañía a prestar una prórroga obligatoria, que ya venía contemplada en el pliego del contrato en aras a que no se deje de prestar el servicio a los municipios».

En principio, asegura Ibáñez, el nuevo contrato tendrá una duración de dos años, sin posibilidad de prórroga y el valor del mismo alcanzará los 27 millones de euros, a razón de 13,5 por cada anualidad, lo que va a suponer un incremento aproximado del contrato de un 56% o más, puntualiza.

El documento de este nuevo contrato, declara Ibáñez, ya tiene el informe favorable de la comisión informativa de Atención a Municipios: Asesoramiento Jurídico y Urbanístico, y Arquitectura, estando únicamente a falta del informe de fiscalización para poder licitar el nuevo contrato en los próximos meses, confiando en que a lo largo de este año se puedan adjudicar.

Será la Central de Contratación de la Diputación la que se encargará del resto de la tramitación y gestión de este complejo contrato, no solo por la cuantía del mismo, sino también por el número de municipios a los que se presta este servicio y la regulación del precio de la energía eléctrica.