El concejal de Sasamón, José Antonio Martín, se enfrenta a un año de prisión y a una pena de multa de 9 meses a razón de 10 euros diarios, así como a la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, por un delito de falsedad de documento mercantil al haber presentado dos ofertas presuntamente con presupuestos falsos en el expediente de adjudicación del contrato de instalación de luminarias en la pista deportiva La Cambija.
Martín, que la legislatura que ahora finaliza se presentó al Ayuntamiento en las listas de CS -partido que acabó gobernando junto a Vox tras la moción de censura contra el popular Amando Cazada-, volvió a ir en la candidatura a las elecciones del pasado 28-M encabezada por Fernando Sadornil, pero esta vez bajo las siglas del PP, ocupando el segundo puesto, lista que resultó ganadora. Queda ahora en el aire si el edil recogerá su acta o no el sábado, fecha en la que se constituyen las corporaciones.
Él mismo aseguraba hace unos días a este periódico que «no sabe aún qué hará», al tiempo que añadía que oficialmente no tiene aún la resolución de la apertura de juicio oral, que sí llegó la semana pasada al Ayuntamiento de Sasamón.
Por su parte, Fernando Sadornil, alcalde en funciones, y que volverá a coger el bastón de mando el sábado, se mostraba ayer apenado por la imputación a José Antonio. Pese a reconocer su cariño y definirle como un gran trabajador, Sadornil considera, y así se lo ha manifestado al propio Martín, que este debería renunciar al acta de concejal y dar paso al siguiente de la lista, «por el bien de la Corporación». Este, por su parte, apela a la presunción de inocencia y añade que «siempre ha defendido que no hizo nada irregular». En todo caso, ayer insistía en que aún no ha tomado ninguna decisión y no sabe qué hará el sábado.
Concurrencia. Los hechos por lo que ahora se abre juicio oral contra el concejal se remontan a primeros de años, cuando el Juzgado abrió diligencias tras la denuncia de un funcionario municipal respecto al contrato de las luminarias, por la posible falsedad de dos de las tres ofertas presentadas. Inicialmente se investigó al propio alcalde, a José Antonio Martín, al secretario en aquel momento, y al propio contratista. Todos ellos menos Martín fueron exonerados.
Aunque la licitación del proyecto de alumbrado, con un coste de 5.000 euros, podía resolverse por adjudicación directa, desde Secretaria se instó a solicitar varios presupuestos para respetar el principio de concurrencia. Fue el ahora acusado quien entregó dos presupuestos al auxiliar administrativo junto con otra factura real, y se incorporaron al expediente. El contrato se le dio a la empresa del presupuesto real, que además está radicada en la localidad y realiza habitualmente trabajos para el Ayuntamiento.