El crecimiento del absentismo laboral por incapacidades temporales (IT) preocupa cada vez más a los empresarios de Burgos. No solo hay más bajas médicas desde la pandemia sino que, denuncian, los procesos de mayor duración están creciendo y además se están alargando, superando el límite legal del año y «generalizando en muchos casos» la prórroga de seis meses (hasta los 18) o de otros seis (24), con el consiguiente perjuicio para las empresas afectadas.
El problema no es nuevo, denuncia la patronal FAE, pero en los últimos tiempos se está produciendo un mayor distanciamiento entre el sistema público de salud, el Sacyl, y los tribunales médicos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), organismo que gestiona estos procesos y que, en última instancia, aprueba o no (en el 60% de los casos) el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente para el trabajador de baja.
«Cuando se analizan los expedientes de los trabajadores que llevan un año incapacitados es habitual la falta de un informe médico, de una resonancia o de una radiografía, entre otras pruebas, lo que obliga a prorrogar otros seis meses la baja de IT, decisión que ahora no adopta un tribunal sino un inspector médico del INSS», explica Iñigo Llarena, vicesecretario general de FAE, visualizando que los problemas en la sanidad pública afectan de manera creciente a la gestión y organización de las empresas.
A los problemas con las consultas de los especialistas se ha unido el de la falta de profesionales en el Equipo de Evaluación de Incapacidades (EVI), aunque actualmente hay cubiertas 5 de las 6 plazas de este equipo dirigido por el INSS. Además, desde el pasado mes de mayo, el EVI ya no decide sobre las prórrogas, lo que le ha liberado de una parte de su trabajo. «Ahora las prórrogas se han automatizado», advierten desde FAE.
El agravamiento de la situación es reconocido por los propios sindicatos en Burgos, pues, matizan, el trabajador también es parte damnificada -si no la primera- en esta acumulación de retrasos, máxime cuando una parte de los procesos de baja no terminan en una incapacidad permanente. «Tras 18 meses en los casos más extremos, la mayoría de las solicitudes de incapacidad se deniegan y no queda más recurso que la vía judicial», apunta Pablo Dionisio Fraile, secretario provincial de UGT.
Recuerda, en este sentido, que son personas afectadas por un dolor, de carácter crónico en muchos casos e incapacitante para una vida laboral normal o para desarrollar el mismo trabajo que realizaba. También los hay pendientes de una operación para resolver un traumatismo que han sufrido, lo que depende de la disponibilidad de quirófanos en el hospital.
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