El Reglamento de las Cortes de Castilla y León recoge obligaciones, entre ellas la celebración del debate de política general en el segundo periodo ordinario de sesión, que finaliza el 30 de junio, pero su ausencia en el plazo establecido o su retraso no conlleva una sanción jurídica. Según explicaron a Ical fuentes jurídicas consultadas, lo que recoge el Reglamento se consideran obligación aunque su no celebración en plazo o su retraso no tiene una sanción jurídica y, en todo caso, es política por parte de los grupos parlamentarios.

"Es una fuente de la que no se puede sacar", valoraron en relación al recorrido que puede tener que el Grupo Socialista ponga la decisión de la Junta, que ha optado por su retraso al primer periodo de sesión, previsiblemente en septiembre, en manos de sus servicios jurídicos. Trasladar la denuncia al Tribunal Constitucional por violación de derechos parlamentarios tardaría en obtenerse una respuesta, entienden las mismas fuentes, que recuerdan en este caso sería un retraso en las fechas, lo que puede ser un incumplimiento y tener una reprobación política por la oposición. 

En relación a incumplimientos de obligaciones recogidas en la normativa, refieren los plazos existentes para recibir respuesta a preguntas parlamentarias o documentación, que se retrasa, así como la presentación de los presupuestos, cuya fecha límite es el 15 de octubre según el Estatuto, pero se han registrado a finales de octubre o más tarde "y no ha pasado nada". Por ello, el incumplimiento será de plazo y la critica tiene que ser política, porque a unos no les puede interesar dar "bazas" en periodo electoral, argumento al que se acoge la Junta, y la oposición quiere que se cumpla con este debate en su fecha. "La sanción es política", zanjaron las mismas fuentes. 

El Reglamento, además de la fecha, estable excepcione en las que no se celebra este debate conocido como del Estado de la Comunidad: en el año en que corresponde la celebración de elecciones a las Cortes de Castilla y León, en el que se haya debatido una investidura, una moción de censura o una cuestión de confianza.