En las relaciones entre Esquerra Republicana de Cataluña y Junts saltan chispas. Pero mientras ambos partidos se acusan mutuamente de «deslealtad», sus dirigentes tratan de disimular las fisuras del movimiento independentista enarbolando un discurso patriótico a lo 'brave heart' con motivo de una nueva edición de la Diada, que ha sido planteada como el inicio irrevocable de un nuevo Procés que culmine, esta vez sí, con la constitución de la República catalana, esa misma que quienes que la proclamaron suspendieron minutos después.
Segundas partes nunca fueron buenas pero ahora, pese el abandono de buena parte de su electorado, los 'constructores' del relato soberanista vuelven a la carga al saberse la llave de la gobernabilidad del país del que quieren independizarse. La amnistía es la línea roja que han marcado a Pedro Sánchez si quiere revalidar la Presidencia del Gobierno y también la línea de salida hacia la independencia de Cataluña. «Es un paso necesario e imprescindible», sentenciaba ayer el president del Govern, Pere Aragonés. Un paso más allá fue Dolors Feliu, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), la principal entidad separatista, que advertía que su intención es consumar la independencia «diga lo que diga el Estado español». Más claro agua, lo que 'opinen los demás está de más', como decía la canción de Mecano.
Desde que el Estado de Derecho lograra abortar el intento de secesión llevaron a cabo los líderes del Procés allá por el 2017 el tema catalán, atiborrado de 'relato', se ha convertido en 'déjà vu' continuo en el que los 'populistas identitarios' siguen creyendo que están por encima de las leyes de un país democrático como es España.
Por eso, plantear la amnistía en los términos que Carles Puigdemont propone es inaceptable, incluso para los propios socialistas. Es verdad que la megalomanía y la arrogancia del líder de Junts se han visto reforzadas tras los resultados electorales del pasado 23 de julio, pero lo que ningún Estado democrático puede asumir es una deslegitimación de su ordenamiento jurídico, que es lo que pretende Puigdemont y los suyos.
La tradición jurídica nos presenta las leyes de amnistía como un instrumento que tienen los gobiernos democráticos cuando un país sale de un régimen autoritario o totalitario para enmendar las condenas que se apoyan en leyes que vulneran los derechos humanos.
Aprobar la amnistía en los términos que proponen los independentistas supone reconocer que el Tribunal Supremo condenó a los encausados del Procés por un delito que nunca lo fue. Desde el punto de vista internacional, el daño al tercer poder del Estado sería irreversible. Un trágala, que un partido de Estado como siempre ha sido el PSOE, no puede aceptar.