La tabla salarial de la provincia no solo presenta desigualdades notables entre los emolumentos que perciben algunos cargos públicos y el de la media de los trabajadores a los que representan, sino también entre los que están activo y cotizando y los que disfrutan de una pensión, que superan las 92.000 personas.

En la provincia de Burgos hay cerca de 25.000 pensionistas, el 27% de este colectivo que incluye a jubilados, viudas, incapacitados permanentes, entre otros, que declara unos ingresos en su declaración del IRPF por encima del salario medio anual del conjunto de la provincia, de los 21.891 euros/año que fija la Agencia Tributaria. 

La fiscalidad confirma el fenómeno que ya se produce con la pensión media desde hace unos años, que en muchos casos -y cada vez más- es superior al importe de la nómina que cobran muchas personas que están accediendo al mercado laboral y que costean con sus aportaciones el sistema público de pensiones. 

Estas desigualdades crecientes son las que impulsan propuestas como la lanzada recientemente por el Círculo de Empresarios, que apuesta por alargar voluntariamente la vida laboral entre los 68 y los 72 años. Lógicamente, entre los integrantes de la escala baja de la tabla salarial no son bienvenidas este tipo de ideas.

La pensión media anual de los 92.191 pensionistas, según los datos de la AEAT referentes al ejercicio 2021, se sitúa en 17.649 euros, aunque el importe varía de manera significativa entre los hombres (20.620 euros de media) y las mujeres, que solo alcanzan los 14.343. Esta diferencia visualiza, entre otras realidades, las pensiones de viudedad (mucho más bajas y copadas por mujeres), los menores salarios durante la vida activa de la mujer y las carreras de cotización más cortas o más interrumpidas por periodos de inactividad (por maternidad o cuidado de familiares) o por el desempleo.

La horquilla de las pensiones que fiscaliza Hacienda es muy amplia y oscila desde los 2.159 euros anuales que declaran 4.746 contribuyentes a los más de 100.000 euros que declaran otros 221 y que, lógicamente, no proceden en su totalidad de prestaciones de carácter público sino de su propio patrimonio.