Tanto tiempo ha pasado el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, intentando convencer a las instituciones europeas de que España le persigue por sus ideas políticas que ahora deben asistir atónitos a ver cómo está en sus manos el desbloqueo de la política española, que de él depende la formación de un nuevo gobierno de coalición y de que se deje fuera del Ejecutivo a la ultraderecha española, aunque él haya encontrado mucho apoyo en la ultraderecha belga. Su retorno al primer plano de la política nacional supone también una devaluación de su discurso sobre la independencia y la ilegitimidad de la justicia española y evidencia que no ha sido perseguido por sus ideas independentistas sino por unas actuaciones delictivas. que ahora pide que sean amnistiadas.
La mayor contradicción que han dejado las elecciones del 23-J ha sido que cuánto más débiles se encuentran los partidos independentistas, con apenas un 27% de los votos emitidos, más capacidad tienen para condicionar la formación de un nuevo gobierno encabezado por Pedro Sánchez, o para forzar una repetición electoral. En estas circunstancias el contrasentido es que insistan en su programa máximo de condicionar sus apoyos al compromiso de la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado y vinculante. En el hipotético caso de que esta consulta pudiera realizarse, bajo los condicionamientos de una ley de claridad como la canadiense a la que en ocasiones se han referido los líderes independentistas, con sus apoyos actuales tendrían un resultado muy insuficiente dado el respaldo mayoritario que han recibido los partidos constitucionalistas.
Amenazar con "lo volveremos a hacer" es arriesgarse a un fracaso no solo porque el Estado no está inerme ante un nuevo desafío secesionista, sino porque la ciudadanía catalana ha realizado una lectura más realista sobre la normalización de la situación en Cataluña que los líderes del 'procés'. Tras las elecciones pasadas es a los propios independentistas a quienes interesaría dar por bueno el mantenimiento de una mesa de diálogo entre el Gobierno central y el catalán, a la espera de alcanzar algún tipo de acuerdo sobre una mayor cuota de autonomía que es lo máximo que permiten los límites de "legalidad y Constitución" sobre los que se asienta ese diálogo, y que permite al mismo tiempo que el independentismo irredento mantenga su victimismo. en buena parte fundamentado en cuestiones fiscales, que los lleva a defender unas posiciones insolidarias que son ampliamente rechazadas.
Ninguna de las dos patas principales del independentismo, la que representaba el pragmatismo de ERC y la de la confrontación que encabeza Junts -junto con la CUP- han logrado que sus estrategias tuvieran un respaldo mayoritario de los catalanes y tendrán que volver a jugarse la primogenitura de ese espacio en las próximas elecciones autonómicas, con el riesgo de que en esa ocasión no alcancen el 50% de los votos y los escaños. Pero antes tienen que resolver que es lo que quieren hacer en un futuro muy cercano, si favorecer la formación de un gobierno al que luego pueden condicionar o, en el caso de Junts, provocar la repetición de las elecciones con la incertidumbre sobre su resultado y la certeza de que quien lo hace suele ser castigado en las urnas.