Si un dirigente político, recién llegado al cargo, quiere apostar por reducir las desigualdades económicas de las familias apostando por integrar o mantener en la sociedad a aquellas personas con rentas más bajas puede poner en marcha dos tipos de políticas redistributivas. Una es utilizar los recursos públicos para fomentar la generación de puestos de trabajo cualificados y la segunda incrementar los impuestos para, con los fondos recaudados, ampliar las prestaciones y subsidios a las citadas familias.
La primera de estas políticas, que pasa por potenciar un sistema educativo orientado a la empresa, desarrollar infraestructuras, conseguir que nazcan y crezcan empresas innovadoras y sostenibles o impulsar sistemas energéticos y tecnológicos que favorezcan la competitividad de las mismas, ofrecerá resultados, medidos como nuevos puestos de trabajo cualificados, como pronto en el medio plazo. La segunda de las vías, recaudar impuestos para redistribuirlos, por el contrario, se puede implantar con mucha mayor rapidez. Si bien, no son pocos los que defienden que más valdría ofrecer puestos de trabajo suficientemente remunerados a las personas sin ingresos antes que dotarlas de rentas de inserción que no fomentan su desarrollo profesional ni, probablemente, su dignidad personal.
Pero, ¿se puede avalar con cifras este argumento o se trata de un enfoque equivocado?
Un reciente informe de FUNCAS analiza este tema entre los países europeos utilizando el Índice de Gini, que es el indicador generalmente aceptado para establecer el grado de desigualdad de la renta disponible (ingresos del trabajo y/o capital más prestaciones sociales y menos impuestos y cotizaciones sociales) de un país. Y nuestro punto de partida es realmente negativo. Según este índice España era en 2019 uno de los países con mayor grado de desigualdad entre sus semejantes europeos, solo superado por el Reino Unido e Italia y muy cerca de Portugal y Grecia. Por el contrario, los países nórdicos (Noruega, Dinamarca, Finlandia y Suecia) junto con Bélgica, Austria y Alemania mantenían niveles de desigualdad mucho menores que la nuestra. Esto se debe a que en el periodo posterior a la crisis financiera internacional, entre 2007 y 2013, España fue el segundo país en el que más creció la desigualdad, movimiento que se compensó parcialmente en el periodo 2013 a 2019, si bien a costa de haber generado un duro efecto sobre las familias con menores recursos en esos doce años.
En cuanto a la influencia de que tienen los impuestos y las transferencias públicas en la reducción de la desigualdad, dicho estudio concluye que en los mayores de 65 años el sistema público de pensiones es totalmente determinante a la hora de reducir las desigualdades de las personas de este rango de edad. Pero en el colectivo 18 a 64 años, a pesar de que el efecto es positivo, como no podría ser de otra forma, su influencia es sustancialmente menor. Además, comparando el sistema redistributivo de rentas en este colectivo en España frente al resto de países europeos, los resultados de estas políticas redistributivas en nuestro país generan una menor reducción de la desigualdad.
Por tanto, y con los datos obtenidos desde el inicio de la crisis financiera, se puede deducir que el principal causante del aumento de la desigualdad en España es la falta de apuesta por un mercado laboral que ofrezca más empleo y de mayor remuneración (potenciado por la insuficiente capacidad redistributiva de las políticas españolas a pesar de que el esfuerzo impositivo es similar o superior al del resto de países europeos). Es por ello que donde hay que centrar los esfuerzos para reducir la desigualdad en España es en el acceso al mercado de trabajo, así como en la mejora de los salarios percibidos, siendo tres cuartas partes del efecto reductor atribuible al primero y una cuarta parte a los salarios percibidos. Esto se ve corroborado por el índice de pobreza, que según datos del INE en 2022 llegaba al 19,7% de los mayores de 16 años, pero que en el caso de los desempleados el dato se duplicaba hasta el 39,8%.
Además, si tenemos en cuenta los diferentes rangos de ingresos procedentes del mercado laboral en países europeos, se observa que la elevada desigualdad de renta en España tiene una especial intensidad en las rentas inferiores y no así en las rentas superiores. De hecho, España es la sexta economía europea teniendo en cuenta al 5% de población más rica y la segunda teniendo en cuenta al 5% con menores ingresos.
Por tanto, el político que apueste por ayudar a crear un mayor número de empleos y con salarios superiores aprovechará mejor los impuestos que aquel que únicamente los redistribuya. Si bien, el riesgo a no acertar con las políticas de generación de empleo o el hecho de que los resultados superen su legislatura harán del mismo un verdadero valiente.