Aunque la gran mayoría de los expedientes sancionadores por infracciones de tráfico se cierran con éxito, no es extraño (tampoco lo habitual) que cientos o incluso varios miles de ellos se anulen cada año por problemas burocráticos o errores humanos (dificultades en la notificación, equivocaciones al levantar el acta de denuncia...). Lo que no se había reconocido hasta ahora es que algunas de las multas no se llegan a recaudar porque «la falta de personal» impide realizar la tramitación en plazo.

Así lo reconoció ayer el concejal de Seguridad Ciudadana, Ignacio Peña, que defendió que esta situación a la que se ha llegado viene «heredada» del anterior equipo de Gobierno del PSOE y Cs. Cabe recordar que el Ejecutivo liderado por Daniel de la Rosa justificó en su día que las multas anuladas se debían exclusivamente a problemas burocráticos en relación a las notificaciones, porque se corrige algún error, por ejemplo, al teclear el número de matrícula en la zona azul, porque el infractor es un ciudadano extranjero al que no se localiza...

Entonces se puso como ejemplo que en el año 2018 habían sido anuladas casi 2.900 multas por los motivos antes expuestos, lo que representaba un 5,5% de los 52.600 expedientes sancionadores abiertos.

En esta ocasión, el problema está en la falta de personal en la Unidad de Policía Administrativa, afirmó Peña antes de asegurar que desconoce el número de expedientes que han caducado por no disponer de los efectivos humanos que se precisan.

La situación, según aseguró, viene de atrás y de momento no parece que se hayan adoptado medidas para que haya más personal trabajando en esta unidad.