El Gobierno aprobó el pasado diciembre una prórroga de las reducciones que estableció el Real Decreto-ley 18/2022 de 18 de octubre para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y el consecuente incremento de los precios de la energía. El Ejecutivo amplió hasta el 30 de junio de 2024 los descuentos para todos los consumidores vulnerables, alrededor de 13.742 en el caso de la provincia de Burgos.
Esta cifra, lejos de bajar al igual que lo ha hecho la factura energética tras dos años de continuas subidas, se sitúa en estos momentos en su máximo histórico. Por poner en contexto, en 2019 el Ministerio para la Transición Ecológica contabilizó 12.054 beneficiarios, un número que cayó al curso siguiente hasta los 10.417. Sin embargo la recuperación pospandemia y el inicio del repunte del precio de la energía disparó los usuarios tanto en 2021 (11.185) como especialmente en 2022 (12.216).
Burgos no se queda al margen de este ascenso de las peticiones aprobadas de bono social eléctrico, ya que todas las provincias de Castilla y León se encuentran en máximos históricos. Valladolid y Salamanca, con 21.549 y 21.343 beneficiarios, son los territorios con mayor demanda de estas ayudas, mientras que Soria y Segovia, con apenas 3.392 y 5.54, son donde menor incidencia hay -también registran censos más bajos-.
Pero, ¿en qué consiste ese apoyo que brinda el Ministerio para la Transición Ecológica a los ciudadanos? Lo primero es cotejar quiénes entran dentro de los potenciales beneficiarios: los consumidores titulares del punto de suministro de electricidad en su vivienda habitual que, siendo personas físicas, estén acogidos al PVPC. Podrán acceder al bono social de justicia energética si la renta del titular del punto de suministro -o en caso de formar parte de una unidad de convivencia- la renta conjunta anual de la unidad de convivencia del citado domicilio a la que pertenezca, sea igual o inferior a 2 veces el IPREM de 14 pagas (16.800 euros) y superior a 1,5 veces el IPREM de 14 pagas (12.600 euros).
Sencillez. El bono social de electricidad permite también disponer de facturas eléctricas más claras, es decir, sin letra pequeña, en las que lo que se paga por la electricidad consumida es directamente el precio de la energía más impuestos y peajes, sin incluir otros productos o servicios adicionales.
Todos los beneficiarios del bono social de electricidad cuentan con un periodo más prolongado para hacer frente a las facturas impagadas que el resto de consumidores. Transcurridos los cuatro primeros meses desde la primera notificación de impago, resultará de aplicación el Suministro Vital (SV) durante 6 meses, tras el cual se podrá cortar el suministro, frente al plazo general de 2 meses desde la primera notificación de impago que resulta de aplicación para el resto de consumidores.