Tradicionalmente a mediados de mayo, con la llegada del buen tiempo, la Policía Local Administrativa lleva a cabo una labor inspectora de las terrazas de hostelería para comprobar que cuentan con licencia, están al corriente del pago de la tasa, tienen las mesas y sillas autorizadas y no causan problemas en la accesibilidad de los peatones o de ruidos a los vecinos. Sin embargo, este año se complica la labor inspectora como consecuencia de la moratoria aprobada para solicitar la autorización conforme a la nueva ordenanza reguladora y solo se limitará al control de que han pagado por ocupar el suelo público, que los elementos se ajusten a los declarados y a que cumplan con el horario de cierre. 

Cabe recordar que la normativa entró en vigor en mayo de 2023 y daba a los establecimientos de hostelería un plazo de seis meses para solicitar una nueva licencia conforme a la citada regulación, un plazo que culminó el 13 de noviembre. Solo un 15% de las 700 terrazas presentaron la documentación a esa fecha. Además, se establecía un plazo de tres meses para que el Ayuntamiento autorizara o no la instalación y si no contestaba se entendía que ese silencio era positivo en lugar de negativo. 

Este error obligó a modificar el documento aprobado y se aprovechó para ampliar en tres meses más el plazo para que los hosteleros solicitaran la licencia si no lo habían hecho y en otros tres el plazo de resolución municipal (seis en total). El nuevo texto con la moratoria entró en vigor el 21 de febrero de 2024, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). De modo, que el día 21 finaliza el plazo extra para pedir la correspondiente licencias. 

El área de Licencias tiene hasta noviembre para contestar a esas peticiones o de lo contrario se entenderá desestimada. No será hasta esa fecha cuando la situación se normalice mientras han convivido negocios que solicitaron la autorización en plazo con los que se han sumado en el periodo extra y la mayoría sigue esperando una respuesta a favor o en contra de Licencias de la autorización para continuar con el negocio aunque nadie ha levantado las terrazas. También deberá decidir qué hacer con las ubicadas en la calzada en zonas de aparcamiento que se toleraron durante la pandemia, pero que para su renovación necesitan un informe positivo del área de Tráfico. 

A ello se añade que la tasa de 2024 que han tenido que abonar los hosteleros se ha girado conforme a la ordenanza anterior, ya derogada, en la que se pagaba por sillas y mesas y no por metros como la nueva debido a que en el área de Hacienda no se ha modificado la ordenanza fiscal, lo que obligará a tener que hacer ajustes a final de año, tanto en los casos que se haya cobrado de menos o de más. 
También el 15 de mayo se abre la temporada de las denominadas terrazas estacionales. Se trata de una nueva modalidad que contempla la última normativa para colocar mesas y sillas desde esa fecha hasta el 15 de septiembre en lugar de todo el año. 

De este modo, dada la complejidad de la situación, la Policía Local Administrativa centrará su labor inspectora en el abono de la tasa, algo que no es baladí puesto que la nueva ordenanza clasifica como una infracción «muy grave» que un negocio de hostelería «instale la terraza sin autorización expresa o sin pagar la tasa correspondiente». Puede conllevar multas de «hasta 3.000 euros». Pero no solo esto, la ordenanza detalla también que «la comisión de dos infracciones graves en el término de dos años, o una muy grave, siempre que hayan sido sancionadas por resolución administrativa firme, comportará la extinción de la autorización de la terraza».

Los agentes vigilarán también que ocupen el espacio autorizado, de ahí que reclamen a los hosteleros que coloquen un plano, los negocios infractores y atenderán a las quejas vecinales.