La Confederación Hidrográfica delDuero (CHD) impuso en enero de 2022 una sanción de 10.000 euros a la empresa Viporciber por un vertido no autorizado de purines al terreno y al cauce del río Zumel, al rebosar una balsa de la explotación porcina que tiene en Quintanar de la Sierra. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha decidido rebajar la multa a la mitad al considerar que no causó daños al medio ambiente y que el ganadero actuó rápidamente para tratar de impedir que ocurrieran los hechos. 

La resolución de la Sala de lo Contencioso estima el recurso de la mercantil, aunque únicamente en la cuantía económica de la sanción. Mantiene en vigor el resto de las exigencias de la CHD, que requirió al ganadero para que estableciera «un protocolo de emergencias para evitar que este tipo de hechos puedan volver a repetirse, implementando las medidas oportunas (incremento de la capacidad de las balsas, sensores de aviso de nivel, acuerdos con agricultores y plantas de valorización de residuos ganaderos, etc.) para asegurar que no se vuelvan a producir reboses de residuos ganaderos susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico bajo ninguna circunstancia», además de recordarle su deber de cumplir el Código de Buenas Prácticas Agrarias vigente y otra normativa. 

La CHD consideró la infracción cometida por Viporciber como leve y le impuso la sanción máxima para esa categoría, 10.000 euros. Sin embargo, el TSE estima que no se ha graduado de manera adecuada. «En momento alguno se hace constar en el expediente administrativo que como consecuencia del vertido originado por el rebose de la balsa de purines se haya ocasionado daño alguno al dominio público hidráulico, reflejándose en la propia resolución sancionadora que analizadas las muestras tomadas por el Seprona se aprecia que no han variado los nitritos en las distintas zonas de muestras», apunta la resolución.

La explotación -ubicada en la carretera que va a Canicosa de la Sierra- cuenta con autorización ambiental, aunque el Área de Calidad de las Aguas de la CHD informa del «mal estado de la balsa de recogida de purines», lo que según el TSJ se merece una sanción en grado medio, ya que una vez sucedidos los hechos el ganadero procedió a ejecutar «obras de mejoras en la balsa que tratan de impedir que vuelva a entrar en la balsa agua procedente de tierras arriba», reseña la sentencia del TSJ, que se puede recurrir ante el Supremo.

En este contencioso, junto a la CHD  figura como codemandado  el Ayuntamiento de Quintanar de la Sierra, que desde hace años denuncia las supuestas malas prácticas de esta explotación ganadera, con vertidos ilegales de purines en su municipio y en el río Zumel. El Consistorio y la Junta de Castilla y León no se ponen de acuerdo en quién tiene la competencia para tramitar y resolver los expedientes sancionadores abiertos a denuncias de agentes medioambientales y de la Guardia Civil.

La anterior alcaldesa de Quintanar, Montserrat Ibáñez, denunció en más de una veintena de ocasiones la realización de vertidos en un monte de utilidad pública muy próximo al casco urbano. Siempre ha sostenido que el propietario de las granjas no cuenta con ningún tipo de licencia por parte del municipio. «Se le denegó por incumplir la normativa urbanística, ya que está a menos de 1.500 metros del casco urbano. Dato que la Junta no tuvo en cuenta para otorgar la autorización ambiental», explicó a este periódico en reiteradas ocasiones.