El Procurador del Común de Castilla y León alerta sobre la proliferación de construcciones ilegales en la urbanización El Obispo -situada junto a la vía CL-632 dirección Cornudilla- y exige al Ayuntamiento de Briviesca la «regularización de la situación jurídica y el restablecimiento de la legalidad urbanística alterada para clarificar la problemática existente en relación con las construcciones ejecutadas».
Asimismo, advierte que «en el supuesto de que se hubiera concedido alguna licencia cuyo contenido constituya una infracción grave o muy grave, deberá disponer su revisión de oficio y la paralización inmediata de los actos de uso del suelo que se estuvieran ejecutando a su amparo».
Según las manifestaciones de una vecina que ha presentado varias quejas al municipio, ratificadas por el propio alcalde, José Solas, dicho lugar se asienta sobre terreno rústico; sin embargo, en la práctica se han «levantado construcciones destinadas a merenderos y otras a viviendas con un uso residencial sin las respectivas licencias».
La persona interesada en conocer la situación de la parcela y la legalidad de las edificaciones se ha dirigido en diversas ocasiones al Consistorio sin obtener respuesta. Por ello se dirigió a la institución regional que, una vez admitida la queja a trámite e iniciada la investigación sobre la cuestión planteada, solicitó al Consistorio información relativa a la problemática.
Ante dicha petición, la corporación municipal remitió todos los datos exigidos y adjuntó un informe de los servicios técnicos. Respecto a la veracidad de la afirmación de que existe una urbanización que se sitúa sobre un terreno rústico y que se han construido viviendas con un uso residencial, afirman que «la parcela tiene una clasificación en el PGOU de Briviesca como suelo no urbanizable, por lo que se considera suelo rústico común, si bien, existen varias construcciones destinadas a merenderos y otras posiblemente a viviendas». Asimismo, en el escrito presentado queda claro que «no consta, salvo error u omisión, ninguna licencia urbanística de viviendas para uso residencial, ni incoación de expedientes de restauración de la legalidad o sancionador».
La justificación no convenció a la parte reclamante, que el 23 de noviembre del pasado año presentó un escrito de alegaciones en el que aclaró que «sí se había recibido» el informe de los servicios técnicos municipales sobre la calificación urbanística de la finca solicitada, reiterando la «ilegalidad urbanística de las construcciones ejecutadas en la urbanización» y afirmando que «existen otras en la misma situación».
Solas explica que «las construcciones objeto de controversia se ubican sobre suelo no urbanizable común, siendo de aplicación el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, aprobado en 1997, aunque el nuevo documento se encuentra en tramitación pendiente de la aprobación definitiva. En él, la finca de referencia se clasifica como suelo rústico común, protegido del proceso de urbanización, no incluido en ninguna categoría de suelo rústico protegido. Una vez que el Ayuntamiento disponga del nuevo PGOU esa zona en cuestión irá catalogada como suelo rústico de asentamiento irregular, y los propietarios deberán pedir los permisos pertinentes para que todo sea legal».