Aunque son una minoría en un tejido industrial muy numeroso y diverso, en Burgos todavía hay industrias a las que parece que les sale más barato pagar las multas por sus excesos de vertidos a la red de saneamiento, que invertir en la mejora de sus procesos de depuración internos. Así se desprende del análisis del medio centenar de procedimientos sancionadores tramitados desde el Ayuntamiento de Burgos en los últimos meses, donde se repiten los nombres de los implicados y las sustancias de más que no deberían llegar nunca hasta la depuradora de Villalonquéjar.

La denuncia de esta forma de actuar de algunas industrias no procede de la Concejalía de Medio Ambiente y Sanidad, que sí confirma esta realidad, sino de empresas competidoras que sí cumplen la normativa y que han destinado y destinan mucho dinero a mantener en regla los parámetros de todo lo que vierten a la red de saneamiento de la ciudad.

Este exceso de vertido es detectado a través de las muestras que periódicamente se recogen en la red por parte de los técnicos de la Sociedad Municipal de Aguas, que es la entidad competente en la realización de los informes técnicos oportunos. 

Si aparecen parámetros altos e incumplimientos flagrantes de la ordenanza, los expedientes de infracción para la industria contaminante se abren y tramitan a través del Servicio Municipal de Medio Ambiente y Sanidad.

Lo que persigue la ordenanza es que las fábricas, pertenecientes en su mayoría a grupos multinacionales, realicen de una forma correcta el proceso de depuración de las aguas dentro de sus propias instalaciones para que los residuos no lleguen con altos índices de contaminación a los colectores.

La mayoría de las multas impuestas en los últimos meses afectan a una decena de factorías, pero  son siempre las mismas y lo hacen  de forma reiterada. Son, en principio, sanciones de carácter leve, aunque su repetición en el tiempo eleva su categoría hasta calificarse como graves.

La horquilla económica de las multas no supera los 750 euros en los casos leves, de hecho, la mayoría se quedan en 375 euros e incluso se aplica un 20% de rebaja en algunos casos para quedarse en los 300.

Saltarse un semáforo en la ciudad está penado con 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir. Por 100 euros más hay algunas factorías -multinacionales y pymes con facturaciones millonarias en algunos casos- que se permiten superar reiteradamente los parámetros de elementos como el nitrógeno amoniacal, de aceites y grasas, de PH, de fósforo, de cloruros y también de cobre, cromo, boro o níquel, entre otros elementos detectados en el alcantarillado de los polígonos de la ciudad.

La reiteración en los vertidos eleva la penalización hasta los 1.500 euros, aunque lo habitual es quedarse entre los 1.200-1.300, de acuerdo con los últimos expedientes de infracción tramitados. Las muy graves contemplan unas sanciones de 1.501 euros hasta 3.000 euros.

Son, en todo caso, cuantías menores que no parecen doler mucho en las cuentas de estas empresas, a las que les que les sale menos costoso pagar que invertir en un proceso de depuración adecuado o rebajar sus límites de producción para evitar estos desajustes en sus saneamientos.

La mayoría de las reincidentes sancionadas en los últimos meses trabajan para el sector de la alimentación, aunque también hay algunas factorías metalúrgicas. Hay grandes multinacionales y también pymes, en las que estos vertidos reiterados ponen en evidencia muchos de sus mensajes de sostenibilidad y responsabilidad medioambiental.

conversaciones. El presidente de Aguas de Burgos y vicealcalde, Fernando Martínez Acitores, insiste en el mensaje de que hay una «minoría» de industrias contaminantes y que el cumplimiento de la ordenanza de vertidos es generalizado en la ciudad de Burgos.

Confirma que Aguas mantiene reuniones periódicas con las empresas más sancionadas para corregir esos comportamientos. «Algunas han invertido en su depuración y han mejorado mucho sus parámetros, aunque hay otras que tienen que mejorar aún...». «Aguas es muy estricto con el reglamento y aplica las sanciones a rajatabla, aunque no hay muchos casos», puntualiza.

Sí aclara que la ordenanza actual, publicada en el BOE en junio de 2021, deberá revisarse y adecuarse a la nueva directiva europea de tratamiento de aguas residuales urbanas que, entre otras novedades, amplía su ámbito de aplicación a aglomeraciones de 1.250 equivalentes de población (hasta ahora era de 2.000) y profundiza en el principio de 'quien contamina paga', lo que repercutirá en aquellas industrias cuyo proceso de fabricación genera contaminación.