El Procurador del Común, el defensor del pueblo en Castilla y León, Tomás Quintana, ha vuelto a afear las listas de espera del servicio de Traumatología del HUBU en una resolución en la que da un paso más y urge a la Consejería de Sanidad a que «se busque la forma de que los pacientes tengan cumplida y actualizada información sobre el lugar que ocupan en las listas de espera y la evolución de las mismas a fin de garantizar su derecho».
Esta petición, novedosa, tiene origen en la queja de un paciente de Traumatología al que diagnostican el pasado 31 de enero una infección «de la prótesis de su rodilla izquierda» y, debido a la gravedad de la patología y al riesgo de extensión de la infección, en el servicio le indican que tienen que operarlo de nuevo para quitarle la prótesis. Esta intervención se clasifica, según la resolución, como «alta prioridad» o prioridad 1, por lo que, según la normativa vigente, debe realizarse en los 30 días siguientes al diagnóstico o, en este caso, a la inclusión en la lista de espera.
Según los datos oficiales de Sacyl, el HUBU cumplió este requisito en el primer semestre del año en el 100% de los casos, pero la experiencia de este paciente demuestra que no fue así: la prótesis infectada tenía que haberse retirado antes del 3 de marzo de este año y, en cambio, el paciente entró en quirófano el pasado 21 de septiembre. Casi ocho meses después de lo establecido legalmente para una cirugía de prioridad 1. El Procurador especifica que «ante el retraso de la intervención, el paciente ha acudido en diversas ocasiones a la secretaría de Traumatología para interesarse por la fecha de la cirugía, obteniendo como respuesta que la lista de espera es extensa».
El Procurador considera que esta explicación es «insuficiente» y la situación del paciente, «preocupante, grave y arriesgada», dado que la infección de la prótesis podía extenderse «de forma generalizada y tener efectos irreversibles», destaca el defensor del pueblo castellano y leonés.
De ahí que aunque Quintana admita que la resolución se produce después de que el paciente haya sido operado, destaca que el tiempo transcurrido desde la indicación de la cirugía prioritaria hasta la entrada en quirófano «ha sido a todas luces excesivo». Y añade que, «en consecuencia, el criterio de prioridad clínica en este supuesto no ha sido aplicado, con el consiguiente riesgo que para la salud del interesado supone esta situación, a lo que debe añadirse el perjuicio y el deterioro de su calidad de vida».
Así, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, vuelve a pedir a la Consejería de Sanidad que evalúe el porqué de las listas de espera de Traumatología del HUBU, «la más alta de la región» y que busque «soluciones eficaces» para que se cumplan los criterios de prioridad.
Y, a la vez, exige información personalizada sobre la lista de espera, no solo como ejercicio «de transparencia», sino «de adecuado uso de los recursos públicos».