A la ley de amnistía para los delitos derivados del procés le queda un camino largo y tortuoso porque su aplicación depende de las decisiones de jueces y fiscales dispuestos a hacerlo con todas las cautelas posibles, aunque suponga una dilación en la aplicación de la norma aprobada por el Congreso, y de ahí que en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional los jueces concernidos hayan pedido a las partes, ministerio público, defensas y acusaciones, que se manifiesten sobre cómo afecta a los condenados y huidos.
Es un paso previo al siguiente, la presentación de cuestiones de constitucionalidad por distintos jueces ante el Tribunal Constitucional, o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, o un recurso de inconstitucionalidad. Como es conocida la posición contraria a la ley de la mayoría de los jueces que han instruido esos casos, las acciones que emprendan estarán orientadas a evitar que los tribunales concernidos se vean obligados a aplicar la ley mientras se resuelven los recursos. Otros jueces, probablemente, reconozcan que a la norma debe dársele el cumplimiento en el sentido que ha salido del Congreso, porque no les genera dudas su contenido y sus consecuencias.
Como existen recelos hacia la actitud que tome el Tribunal Constitucional, de mayoría progresista, la vista está puesta en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a la que se someterá la decisión sobre si la ley de amnistía ha de aplicarse a los delitos de terrorismo -el caso Tsunami Democrátic con la muerte de un ciudadano francés por un infarto que los jueces catalanes desvincularon de las protestas, o si los policías heridos en las protestas fueron objeto de atentados-, o si el desvío de fondos para la celebración del referéndum ilegal del 1-O conllevaba algún tipo de enriquecimiento personal. Es decir, todo quedará pendiente de lo que decida el Tribunal de Luxemburgo.
El segundo escenario es el de la oposición de los fiscales del procés en el Tribunal Supremo contrarios a la aplicación de la ley a los procesados por los delitos más graves que consideran que no son amnistiables. La actitud de los cuatro fiscales, que vieron como el juez Marchena rechazaba su calificación de los hechos como rebelión para sentenciar que se había producido un delito de sedición, solo han tenido que quitar las valoraciones políticas que realizaron en el anterior informe que nadie les había solicitado para dejar las conclusiones jurídicas, como les solicitó su jefe.
Lo más probable es que estos fiscales tengan su causa perdida si se tiene en cuenta que una de las características del funcionamiento del ministerio público es la jerarquía y que la última palabra sobre cómo se ha defender la legalidad la tiene el fiscal general del Estado. Los cuatro fiscales han desafiado a Álvaro García Ortiz a que les retire del caso tras oír a la junta de fiscales, un organismo consultivo cuyas decisiones no son vinculantes, una decisión que haría mucho ruido y generaría nuevas dudas sobre la independencia del jefe de los fiscales.
La consecuencia política de la demora de los jueces es que el prófugo Carles Puigdemont no podrá asistir a la investidura del presidente de la Generalitat de Cataluña -ni a la suya ni a la de Salvador Illa-, por cuanto se mantienen las órdenes de busca y captura en su contra, y al hilo, que las consecuencias sobre quién gobernará en el Principado y la estabilidad de la legislatura sigue siendo un misterio.