Aunque las empresas que trabajan con el Ayuntamiento de Burgos tienen asimilado que la administración tiene sus propios ritmos para pagar, hay ocasiones en las que resulta muy complicado entender cómo es posible tener que esperar casi cuatro años para que les abonen lo que le corresponde. Todo ello, mientras leen en la prensa noticias en las que se cuenta que el Consistorio tiene decenas de millones de euros en los bancos, procedentes de remanentes de tesorería, a los que quieren sacar rentabilidad por el depósito del dinero.
En marzo de 2020, con la irrupción de la pandemia, se declaró un estado de alarma que obligó a cerrar instalaciones de todo tipo. Entre otras, las escuelas infantiles y los centros cívicos. Las empresas que gestionaban en Burgos estas dotaciones (mediante un acuerdo de prolongación del servicio ya que el contrato estaba caducado) tuvieron que seguir soportando, entre otros gastos, los costes laborales de sus trabajadores ya que, a diferencia de lo que les sucedió al grueso de negocios, se les negó la activación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). En teoría, para proteger a estos empleados y sin perjudicar a la empresa.
La Gerencia de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos reconoció desde el minuto uno que las empresas que gestionaban estos espacios no tenían que soportar estos gastos por una situación ajena a ellas. Sin embargo, no encontraron la fórmula, desde el punto de vista jurídico, de saldar una deuda que rondaba los 600.000 euros.
Cansadas de esta situación, la Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Clece y Selectia, que gestionaban las escuelas infantiles, decidió acudir a los tribunales ante la falta de una solución. El juzgado se pronunció hace un año y les dio la razón. Tenían derecho a percibir casi 290.000 euros (sin contabilizar los intereses). Siguen esperando. La concejala de Servicios Sociales, Andrea Ballesteros, asegura que está todo preparado para proceder al pago en los próximos días o semanas.
Aunque en el Ayuntamiento reconocen que se da una situación de analogía con las empresas que gestionaban diversos servicios de los centros cívicos (programas de infancia y ludotecas, salas de encuentro, programas de promoción social y de cuidados a la infancia...), Arasti Barca y Sedena tendrán que esperar un poco más para cobrar ya que en el Presupuesto de este año solo hay partida para pagar a Clece y Selectia.
Ballesteros asegura que el próximo año se saldará esta deuda con las empresas de los centros cívicos que ronda, aproximadamente, los 300.000 euros.
Se habilitará una partida en el próximo Presupuesto, pero parece improbable que vayan a cobrar antes de marzo. Es decir, para cumplir con las obligaciones pasarán más de cuatro años en los que se han dedicado muchos esfuerzos que, a la vista de los acontecimientos, resultaban innecesarios.
Si bien es cierto que la Administración debe ser escrupulosa en el control del gasto y en la justificación del mismo, las empresas afectadas entienden que eso no implica que un conflicto de estas características tarde cuatro años en resolverse. Todo ello, siempre y cuando no obligue también a las empresas de los cívicos a acudir al juzgado para cobrar lo que es suyo. Parece ser que esa no es la idea, pero, vistas las circunstancias, ningún escenario es descartable.